Trece años después de que fuera arrestada y cuatro años después de que llevaran ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU su caso, Lydia Cacho recibió una respuesta favorable del comité, quien determinó que en su caso las autoridades mexicanas violaron sus derechos.
La historia que comenzó a escribirse en 2005 cuando el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es señalado por formar parte de una red de protección a pederastras, tuvo su punto álgido el 14 de febrero de 2006, cuando el periódico La Jornada dio a conocer la grabación telefónica entre Marín Torres y Kamel Nacif “El rey de la mezclilla”.
En la conversación filtrada el empresario libanes felicita al gobernador por haber detenido a la periodista en Cancún, para luego trasladarla a la ciudad de Puebla, donde fue privada de su libertad sobornando con un viaje a Las Vegas a la juez quinto de lo penal Rosa Celia Pérez; a manera de escarmiento por la publicación de su libro, Los demonios del Edén.
Con la resolución el gobierno de Enrique Peña Nieto queda obligado a tomar acciones con respecto al proceso judicial al que la periodista fue sometida y que la obligó a enfrentar el acoso del sistema político-judicial mexicano.
Al mismo tiempo el resolutivo representa una batalla ganada a favor de la libertad de expresión en México.
El dictamen también reconoció que la periodista a partir de la publicación de su libro, incidió en que el gobierno optara por actuar penalmente en su contra.
En Los Demonios del Edén la periodista reveló los nombres de los protagonistas de esta red, como Jean Succar Kuri, empresario mexicano que fue condenado a 112 años de prisión por pornografía infantil y abuso sexual, Kamel Nacif como los protagonistas de esta red de prostitución —cobijada por las autoridades estatales, Mario Marín el “Gober precioso“, entonces gobernador de Puebla—.
Sin embargo, Marín, Nacif y Kuri no fueron los únicos mencionados en el libro, aunque sí los únicos que públicamente tuvieron que pagar las consecuencias, pues el libro también incluyó el nombre del actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, quien pocas veces ha sido vinculado o cuestionado por el tema.
