Redacción

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, aclaró que la sentencia del juez Mario Cortés Aldama en la que se absuelve a los tres detenidos por la desaparición del activista Sergio Rivera, está sujeta a revisión por apelación.

Aclaró en su conferencia de prensa matutina de este jueves, después de unirse a la petición de Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien pidió revisar la sentencia absolutoria emitida hace algunos días.

A la par dejó en claro que se está dando seguimiento al caso, mismo que está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quien tendrá que decidir sobre si el juez de primera instancia tuvo razón legal o no la tuvo.

Nosotros no podemos expresarnos sobre un asunto que es competencia del Poder Judicial, no podemos. Ya hemos tratado ese tema con el Tribunal Superior de Justicia y hemos pedido una aplicación escrupulosa, rigorista de la ley, estrictamente de la ley. No procede ninguna medida cautelar, no no, no, es un asunto del Poder Judicial, es la segunda instancia, así es que solo diré que vamos a estar pendientes de ese asunto.

Debe recordarse que el pasado 23 de agosto se cumplieron dos años de la desaparición del defensor y ambientalista, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ).

Más tarde, el 18 de septiembre de 2018, tres de las cuatro personas implicadas en su desaparición fueron detenidas y el 13 de noviembre inició el juicio por su desaparición.

Fue el pasado viernes a las 2:30 de la mañana, cuando el abogado de la víctima y sus familiares fueron informados por el juez que iniciarían con la audiencia para dar la resolución del caso, sin embargo, pese a sus esfuerzos llegaron a Tehuacán hasta las 4 de la mañana, momento en que ya había terminado la audiencia.

Para entender: Denuncian desaparición de opositor a hidroeléctrica en Sierra Negra

Cabe recordar que el caso del opositor a la instalación de una hidroeléctrica Coyolapa-Atzala en la Sierra Negra, también cobró relevancia por ser el primer caso en México en el que se juzga a probables responsables en calidad de particulares en un caso de desaparición de un defensor de derechos humanos con base en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.