Gabriela Xelano

Al cumplirse seis años del enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales, el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que encontraron la vía jurídica para ir tras el exfiscal Víctor Carrancá Bourget y Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario mencionó la Consejería Jurídica tras analizar el tema encontró que aun hay sanciones vigentes, por lo solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que se reabra el caso.

Al reabrirse podrá ir por Carrancá Bourget y Facudo Rosas, pues ambos tienen sanciones pendientes por cumplir.

Por ello el gobernador hizo un llamado a Elia Tamayo, madre del pequeño José Luis Tehuatlie, quien recibió un disparo en la cabeza, durante el enfrentamiento entre habitantes y policías, acompañe al gobierno del estado en la vía para reabrir el caso.

No se trata de hacer discursos, y de llegar a acuerdos, sino de llegar a fondo, y yo he demostrado que soy un hombre honesto, de buena fe y firme y no me echo para atrás, no vengo a hacer discursos, sino vengo a actuar, a desmontar un régimen que todos los poblanos permitieron por años y décadas y lo estoy haciendo de manera clara.

Cabe recordar que el menor fue una de las víctimas mortales de la represión y la “Ley Bala”, reforma a la ley aprobada por los diputados morenovallistas que permitió que utilizaran balas de goma para reprimir a los manifestantes.

Para recordar: Muere otra de las víctimas de las balas de goma de Moreno Valle

Tras una larga controversia el caso cerró en 2018, cuando la CNDH dio por cumplimentada la recomendación que dirigió en 2014 al gobierno de Rafael Moreno Valle tras el asesinato de José Luis Tehuatlie Tamayo y las agresiones que sufrieron pobladores de Chalchihuapan.

Finalmente, con la llegada de Miguel Barbosa al poder y el arribo de Félix Cerezo a la Comisión de Derechos Humanos (CDH), Elia Tamayo buscó reabrir el caso y se castigara al responsable del operativo, al fiscal y a Juan Pablo Piña, el entonces Consejero Jurídico, quienes desde sus atribuciones se encargaron de defender la teoría de que el menor murió consecuencia de la onda expansiva de un cohetón.