Redacción PH

Mónica Lara Chávez, diputada local, propuso tipificar como “violencia laboral” las presiones que los patrones ejercen contra mujeres embarazadas o con licencia de maternidad, y hombres con licencia de paternidad para que renuncien a sus empleos.

Su propuesta se fundamente en que es común que en los trabajos las mujeres tras notificar a sus superiores de su embarazo, comienzan a ser acosadas o intimidadas, pues consideran que no podrán desempeñar “eficientemente” su trabajo.

Estas actitudes se extienden también a los hombres que solicitan licencia para acompañar en el alumbramiento de sus hijos, quienes a su regreso son señalados o víctimas de hostilidades por parte de sus pares y superiores.

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Tan solo entre 2011 y 2017, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió 2 mil 935 quejas y reclamaciones por situaciones por discriminaciones, de las cuales 713 fueron por embarazos, por lo que, es necesario visibilizar estas agresiones como violencia laboral.

Que se considere violencia laboral, además de lo ya estipulado en la ley, el negar el goce de licencia de maternidad o paternidad, despedirla o coaccionar para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de los hijos o hijas menores.

El dictamen fue turnado a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente.