Gabriela Xelano
De las 609 agresiones ocurridas durante 2019 en México, 34 ocurrieron en Puebla, colocando al estado como el cuarto con más ataques contra el gremio periodístico, solo por debajo de la Ciudad de México (84), Quintana Roo (57) y Guerrero (51).
Así lo señala el informe Disonancia: Voces en disputa, durante 2019, de Article19 en el que advierte del incremento de ataques a la prensa durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
De los 34 ataques denunciados contra medios y comunicadores, la acción agresión más declarada en Puebla fue el bloqueo, alteración o remoción de información con nueve casos, seguido de la intimidación y hostigamiento con ocho denuncias y las amenazas con siete casos contabilizados.
Por ataques físicos y uso ilegítimo del poder público hay cuatro denuncias, respectivamente, mientras que por allanamiento y ataque a bienes materiales se reportó un caso.
El estado también destaca en agresiones contra mujeres periodistas con ocho casos, cifra que lo mantiene entre los primeros 10.
Las agresiones en Puebla se dieron en un contexto de desestabilidad política donde en un año hubo un encargado de despacho de gobierno panista tras el deceso de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo, un gobierno interino encabezado por un priista que duró hasta el 31 de julio y desde el 1 de agosto es gobernado por el morenista Miguel Barbosa Huerta.
Puebla, caso “ilustrativo”
Que el estado concentre el 5.58 por ciento de las agresiones documentadas preocupa a la defensora de periodistas por la rapidez con la que la tendencia creció, mientras que en los casos de CDMX y Quinta Roo la tendencia se duplicó.
No obstante, mientras la Ciudad de México enfrenta ataques por la estigmatización de la prensa por el Estado, en Quintana Roo obedece a amenazas y extorsiones del crimen organizado y las autoridades y en Guerrero es multifactorial por ser una ruta de trasiego de drogas, la pobreza, la desigualdad y los caciquismos políticos.
Sin embargo, el caso de Puebla Article19 lo describe como “ilustrativo” porque, aunque no hubo un incremento notorio en agresiones y no hubo homicidios de periodistas, “sí se presentaron algunos de los casos más complejos por su repercusión en el derecho a la información. El portal de noticias e-consulta de Puebla y su director, Rodolfo Ruiz Rodríguez, fueron cercados con bloqueos informativos, descalificaciones, eliminación de contenido y amenazas de acciones legales del gobierno de Miguel Ángel (sic) Barbosa, de Morena”.
Lo anterior hace referencia a la carta intimidatoria que envió Verónica Vélez Macuil, coordinadora de Comunicación y Agenda Digital del Gobierno de Puebla, al diario digital por la información publicada en el portal y por el acceso no autorizado a la cuenta de Twitter y el al servicio de alojamiento web de e-consulta, ataque durante el cual eliminaron un video en donde se observaba al gobernador Barbosa ordenando el despido de trabajadores sindicalizados adscritos a la Coordinación de Comunicación Social y Agenda Digital, ataque al que le siguió otro acceso ilícito para eliminar tra nota que describía el contenido del video anteriormente publicado.
Esta agresión se efectuó a través de una herramienta de cifrado que permite ocultar en el anonimato la localización e imposibilita conocer quién y desde dónde se llevó a cabo la intromisión. Aunque no es posible determinar autorías, es claro que el interés era restringir el flujo de información relacionada con la declaración de Barbosa.
Reporteros, los más agredidos
A nivel nacional son los reporteros los más agredidos (241), seguidos de los directores (127), los medios de comunicación (70), los reporteros independientes (34), corresponsales (23), camarógrafos (17) y locutores (16).
La intimidación y hostigamiento (166), las amenazas (144), los ataques físicos (62) y el bloqueo, alteración o remoción de información (60) son las agresiones más recurrentes en el país.
Los funcionarios públicos (151) encabezan la lista de agresores, seguido de los particulares (49), el crimen organizado (49), un partido político (13) y en 151 casos no se ha podido identificar al agresor.
Por cobertura los más atacados son quienes cubren corrupción y política (339), seguridad y justicia (133), protesta o movimientos sociales (62), derechos humanos (51), sector privado (17) y tierra y territorio (7).
