Una deficiente impartición de justicia, nulo respeto a derechos humanos, la falta de contrapesos al gobierno y la escasa transparencia son los factores por los que Puebla se ubicó como el cuarto estado del país con el peor índice de Estado de Derecho.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2018, del World Justice Project (WJP), Puebla obtuvo un puntaje de 0.36, siendo el máximo calificador 1.0, al cual ninguno de los 32 estados logró acceder.
El Índice está integrado por ocho criterios, siendo en el criterio de Justicia Penal en el cual logró “coronarse” con la segunda peor calificación con 0.31 y respeto a Derechos Humanos fue el tercer peor evaluado.
Respecto a Justicia Penal, ninguno de los rubros considerado fue aprobado: en investigación penal eficaz (0.16), en procuración e impartición de justicia eficiente (0.30), derechos de las víctimas (0.38), debido proceso legal (0.41), justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción (0.34).
Los rubros en los que el estado resultó menos mal evaluado fueron “cumplimiento regulatorio”, que tiene que ver con una adecuada resolución de los procedimientos administrativos, y “orden y seguridad” que tiene que ver con la ausencia de homicidios, del crimen y con la seguridad de las personas.
Sin respeto a los DH
En tanto, sobre los “Derechos fundamentales”, el 0.44 que obtuvo lo colocó como la tercera peor, pues tiene grandes deudas respecto a derechos laborales (0.21), libertad religiosa (0.29), ausencia de discriminación (0.36), derecho a la vida y la seguridad (0.41), debido proceso legal (0.50), derecho a la privacidad (0.56) y solo en libertad de expresión obtuvo un (0.73).
En tanto, en el rubro de “Justicia civil”, obtuvo la tercera peor calificación, con 0.32; en “Gobierno Abierto”, el estado consiguió 0.34 puntos, ubicándose en el lugar 27 nacional; en “Límites al poder gubernamental” promedió 0.38” lo que lo colocó en el peldaño 26.
Finalmente, en “Ausencia de corrupción” se quedó con 0.33 puntos figurando en el sitio 22, mientras que en “Orden y justicia” logró 0.37 puntos ocupando el peldaño 19 y en “Cumplimiento regulatorio” tuvo 0.40, que fue su mejor calificación al quedar en séptimo lugar nacional.
Cabe mencionar que el estado de derecho –marco jurídico que limita a las autoridades que gobiernan— se puede ver afectado con hechos como linchamientos y asesinatos.
¿Y el país?
El estudio reveló que en términos generales, las 32 entidades federativas están reprobadas en estado de derecho, el promedio nacional es de apenas 0.39, ni cerca de la mitad, en una escala que va del 0.0 al 1.0.
Los estados peor calificados fueron Guerrero, con 0.29; Baja California Sur, con 0.35; Estado de México, con 0.36; Puebla, con 0.36 y Quintana Roo, con 0.36.
Los estados con los mejores resultados fueron Yucatán (0.45), Aguascalientes y Zacatecas, con (0.44), cada uno.
Cabe recordar que el Estado de Derecho es reconocido internacionalmente como un elemento fundamental para garantizar la paz, la justicia, los derechos humanos, la democracia efectiva y el desarrollo sostenible, e influye en aspectos de la vida cotidiana, y ayuda a las sociedades a organizarse.
Es la corrupción, la falta de medidas regulatorias claras y la violencia, los principales factores que debilitan la existencia de condiciones plenas de legalidad en el país.
