El estado de Puebla se ubicó como la primera entidad a nivel nacional con más inhabilitaciones a servidores públicos al sumar 297 suspensiones para laborar en algún ente de gobierno.

Así lo señalan datos del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados que incluye los casos registrados desde 2007 a mayo de 2019, los cuáles revelan que cerca del 73 por ciento de las inhabilitaciones en Puebla se aplicaron de 2015 a 2019.

Las sanciones se han aplicado por negligencia administrativa, violación a la normatividad presupuestal, abuso de autoridad, cohecho y extorsión.

Del total, 166 tuvieron como causa la negligencia administrativa; 55 el incumplimiento de la declaración patrimonial; 36 por violación a la normatividad presupuestal; 32 por abuso de autoridad; cuatro por extorsión y cohecho; tres por violación a los procesos de contratación; y una por proceso penal.

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Es la Contraloría del Estado en donde más procesos se han aplicado, con 141, de los que destacan 19 casos por abuso de autoridad y 98 por negligencia administrativa, mientras que por la violación de la normatividad presupuestal se derivaron 21 casos.

La inhabilitación más breve ha sido aplicada a Araceli Sánchez Sandoval, señalada por negligencia administrativa por otro servidor público, quien recibió una sanción de únicamente dos meses, mientras que 12 años es la pena máxima hasta hoy impuesta.

En la lista también aparece Blas Villegas Lara, director estatal de la Comisión de Agua y Saneamiento en el sexenio de Mario Marín Torres, quien cuenta con cinco procesos, cuatro por negligencia administrativa y uno por violación de procedimientos de contratación.

La sanción más reciente de Lara ocurrió en 2016 cuando se aprobó inhabilitarlo por ocho años, sin embargo la legislatura morenovallista revocó la sanción de ocho años, pese a ello el exfuncionario tiene pendientes cuatro sanciones más las cuales concluirán en 2024, 2025 y 2028, respectivamente.

En la lista también aparece el expresidente municipal Luis Paredes Moctezuma, inhabilitado hasta el 13 de junio de 2026, o Javier García Ramírez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública y prófugo de la justicia, inhabilitado hasta el 20 de agosto de 2027.