De las 32 entidades del país, Puebla es uno de los 13 estados que no ha actualizado su protocolo para investigar los feminicidios, a pesar que desde 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo exigió.

De acuerdo con el informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México”  del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Puebla se ha quedado atrás para actualizar los protocolos para investigar los homicidios de mujeres, incluso suicidios y accidentes, como feminicidio.

También se observa que las investigaciones mantienen criterios de carácter subjetivo, tal como sucedió en el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010, caso que abrió la discusión ante la SCJN.

Lima Buendía fue asesinada por su pareja sentimental en el Estado de México, su  esposo nunca fue investigado a pesar de que había antecedentes, e incluso, declaró ante autoridades que fue suicidio, sin embargo la lucha de la madre de la occisa permitió que el caso fuera llevado ante la SCJN, quien obligó a calificar el hecho como feminicidio, concluyendo con el posterior arresto del responsable.

Tras la sentencia que condenó a Julio César Hernández Ballinas por ese delito, la Primera Sala concluyó que las autoridades locales debían actualizar los estándares de debida diligencia, perspectiva de género e investigar como feminicidio todas las muertes violentas de mujeres, incluyendo presuntos suicidios o accidentes.

Puebla, sin acreditar casos

En el caso de Puebla, a pesar de las modificaciones al tipo penal y a la adhesión de circunstancias objetivas para acreditar las razones de género, el diagnóstico evidencia que los asesinatos de mujeres no están siendo acreditados.

De acuerdo con el Informe del Grupo de trabajo de la AVG, desde la tipificación del feminicidio en Puebla —de 2013 a 2016— se cometieron 257 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 79 (30.7 por ciento) de los casos fueron calificados como feminicidios y por otra parte, en 45 casos del total de feminicidios l se ejercitó acción penal (56.9 por ciento), pero sólo en tres casos se obtuvo sentencia (3.7 por ciento), las cuales fueron condenatorias.

Los datos proporcionados en 2016 reflejan una inconsistencia entre la información otorgada al OCNF, y la información entregada al Grupo de trabajo de la AVG, y en 2017, en relación con la información proporcionada al Secretariado Ejecutivo, que tiene como fuente a la Fiscalía General del Estado de Puebla, lo que podría significar que los feminicidios no se están investigando como tal.

Como ejemplo podemos referir al 2016, año en que la Fiscalía informó al Grupo de trabajo tener nueve homicidios y 21 feminicidios, mientras que al OCNF le refirió 83 homicidios dolosos y 27 feminicidios. En el año 2017 las autoridades informaron al OCNF que se registraron 29 feminicidios en seis meses, mientras que al Secretariado Ejecutivo le informó que fueron 27 en un año.

Por su parte, el Informe del Grupo de trabajo de AVG reconoció que “de acuerdo con las cifras oficiales —contrastadas con las de las organizaciones de la sociedad civil—, con el tipo penal vigente, del año 2013 hasta julio de 2015, muy pocos casos de muertes violentas de mujeres pudieron ser calificados como feminicidios, debido a la confusa redacción de la norma (…)”;167 sin embargo, a pesar de que la problemática prevalece y se incrementa,el Grupo de trabajo únicamente solicitó al gobierno de Puebla modificar el Protocolo de investigación del delito de feminicidio.

A la fecha, además de Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Durango, no investigan los homicidios de mujeres como feminicidio hasta no demostrar lo contrario, o cuando las indagatorias se inclinen hacia el delito por razón de género.

Mientras, los 19 estados restantes cuentan con un tipo penal que cumple total o parcialmente con las características adecuadas para poder acreditar el delito, sin embargo a pesar de que en ellos sí hay las normativas necesarias, los especialistas también advierte que las autoridades se rehúsan a investigar varios casos como feminicidio.

Para leer el informe completo da clic aquí.