Por Ruby Soriano

Los hechos acontecidos en el municipio de Coyomeapan reflejan la ley de la jungla aplicada por el gobierno del Estado que encabeza Miguel Barbosa Huerta.

La inconformidad de los pobladores no es reciente, hace años que padecen el cacicazgo de la familia Celestino quien, al amparo del poder en turno, va mutando para mantener los hilos del poder.

Los asesinatos de tres activistas indígenas a manos de policías estatales, son actos gravísimos que no deben quedar impunes.

Desde hace meses se exige la intervención del Gobierno de México, así como de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, este conflicto sigue adelante, cobrando la vida de tres personas y encarcelando a todos aquellos que se atrevan a seguir denunciando lo que ocurre en esa comunidad.

En Puebla sólo hemos escuchado a un escueto gobernador que promete actuar e investigar, pero a ciencia cierta, se hace ojo de hormiga para admitir hechos gravísimos como las muertes de tres personas a manos de su policía estatal.

Resulta burdo que su área de gobernación encabezada por Ana Lucía Hill sirva de parapeto para simular un trabajo que dista mucho de encarar situaciones como la de Coyomeapan.

Mientras observatorios de derechos humanos dan seguimiento a la muerte y hostigamientos contra activistas indígenas de ese municipio, la funcionaria estatal se ocupa en postear la reseña de los conciertos de la Feria de Puebla, ninguno de los que parece perderse por estar en primera fila.

El gobierno de Miguel Barbosa nos da una prueba de su mano primitiva para enfrentar una investigación al ataque artero y muerte que sufrieron más de una decena de personas.

Puebla es una clara muestra de la constante violación a los derechos humanos de activistas que decidieron alzar la voz desde hace tiempo, para denunciar algo que debe dejar de ser parte de los usos y costumbres en las comunidades indígenas y es el cacicazgo a manos de terratenientes o familias que van tranzando con gobiernos y delincuencia a fin de mantener el control y los cotos de poder.

Lo ocurrido en Coyomeapan expone fielmente la indolencia de un gobierno para hacer frente a la inconformidad de sus gobernados.

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