Redacción
La solicitud de consulta popular del presidente Andrés Manuel López Obrador, para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, fue aprobada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ).
En medio de una intensa discusión, muy seguida en redes sociales con el voto de seis ministros a favor se aprobó la iniciativa impulsada por AMLO desde su campaña electoral en 2018.
Con este fallo, el Gobierno Federal podrá echar a andar una votación ciudadana para que decidan si los exmandatarios ya mencionados deberían ir a juicio por diversos delitos cometidos durante sus gestiones.
Los ministros Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yazmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat, y Alberto Pérez Dayán, votaron por la constitucionalidad de la consulta.
Mientras que los ministros José Fernando Franco González-Salas, José Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y Javier Laynez Potisek, votaron por rechazar la consulta.
Luego de un receso para que los ministros realizaron la reestructuración de la pregunta, pues consideraron que la propuesta por el presidente es tendenciosa y contiene juicios de valor, por lo que debe ser redactada con un lenguaje neutro y sencillo.
La pregunta aprobada por el pleno de la Corte – con ocho votos a favor y tres en contra – y que será la que deberán responder los ciudadanos es:
Estás de acuerdo o no en que se lleven acabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
Estos fueron sus argumentos a favor y en contra de la consulta:
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se pronunció contra el proyecto pues consideró que la materia de la consulta es constitucionalmente válida, pero pidió que se reformule la pregunta.
La ministra Margarita Ríos Farjat señaló que el proyecto califica solo la pregunta propuesta por el presidente, pero esa no es la única lectura y se debe calificar primero la materia, que es la realización de la consulta. También pidió modificar la pregunta.
La ministra Yazmín Esquivel se pronunció a favor de la constitucionalidad de la consulta. Dijo que lo que se va a consultar es la función social de los expresidentes y eso no está prohibido en el Art. 35 de la Constitución.
El ministro Alberto Pérez Dayán consideró que la consulta es viable y coincidió con Esquivel en que la materia de ella es la responsabilidad de los servidores públicos. Pero aclaró que la pregunta como está es tendenciosa y tiene juicios de valor.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señala que coincide con la inconstitucionalidad de la consulta y que debe replantearse la pregunta para que no exceda los derechos constitucionales y humanos.
El ministro José Mario Pardo señala que está a favor de la consulta desde un punto de vista distinto al proyecto, pero si no habrá cambios al fondo está a favor de la inconstitucionalidad. No se pueden consultar las atribuciones de autoridades de procuración de justicia.
El ministro Javier Laynez Potisek señala que la participación de la sociedad es importante pero que la justicia no se consulta. Agrega que si no hay efectos vinculatorios se puede consultar sobre cualquier cosa.
El ministro José Fernando Franco González-Salas se pronunció a favor del proyecto que señala que la consulta es inconstitucional.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández señala que la consulta es inconstitucional porque se pretende consultar si las víctimas de delito tienen derecho a que se respeten las garantías y tengan acceso a la justicia.
Las leyes no establecen obstáculo alguno para llevar a la justicia penal a expresidentes que hayan cometido algún delito.
Apenas en la conferencia del miércoles, López Obrador aseguraba que una consulta de este tipo no viola ningún derecho humano o garantías individuales.
“Llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía, al contrario es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía y no es violatorio de derechos humanos porque se tiene que llevar a cabo en el caso de que los ciudadanos decidan que se inicien los procesos o continúen los procesos en contra de los ex presidentes, no hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial”, sentenció el presidente.
Con información de Mediotiempo/Animal Político
