Beto Fong
La multa por un millón 51 mil pesos e inhabilitación por seis meses, orden turnada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Laboratorios Solfran S.A. de C.V., fue suspendida.
Laboratorios Solfran es propiedad exdelegado federal de Programas para el Desarrollo en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, también exdelegado de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Así lo dictaminó un magistrado especializado de Justicia Administrativa quien decretó que el fallo con fecha del pasado 14 de enero se emitió luego de que Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, detalló que existen elementos para asentar que dicha empresa incurrió en posibles faltas administrativas graves por ganar contratos mientras Lomelí mantenía el cargo como representante del gobierno federal.
Durante la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria informó:
Efectivamente, sí encontramos que hay elementos, sin manchar y sin atacar la presunción de inocencia, elementos de posible asignación de una falta administrativa. En este caso sería una falta administrativa grave.
Por ello, la SFP otorgó la suspensión para “que las cosas se mantengan en tal estado”, luego de que la SFP no acudió “en tiempo y forma” a desahogar una vista que le fue ordenada.
Se concede la suspensión definitiva del acto impugnado consistente en la resolución de fecha 31 de julio de 2019 dictada dentro del expediente número SAN/016/2019, así como, la resolución de fecha 09 de septiembre dictada por la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública por la cual se le impone una multa de $1,051,500.00.
Y se añade: “para el sólo efecto de que las cosas se mantengan en que se encuentran, condicionando su eficacia a que quede debidamente garantizado el interés fiscal ante la autoridad en los términos precisados en el presente fallo”.
Para entender: SFP confirma conflicto de interés en renuncia de Carlos Lomelí
Las denuncias que posee la SFP contra la empresa son por conflicto de interés y por infracciones a la Ley Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Entre las acusaciones destacan presunto cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Además, la secretaría indicó que la investigación turnada contra Lomelí Bolaños es una de las ocho denuncias que ya se encuentran en proceso; las otras demandas también fueron turnadas contra delegados federales para Programas para el Desarrollo en diferentes puntos de México.
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