Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que presentará una denuncia legal contra un exdiputado local de Puebla por su presunta relación en el delito de robo de hidrocarburo.
La denuncia se presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) por “huachicoleo”, ya que este diputado operaba en Puebla y Veracruz, así lo informó Nieto Castillo durante la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría de la Función Pública para combatir la corrupción:
Hay un caso que va a ser denunciado hoy ante la Procuraduría General de la República, también vinculado al tema de huachicoleo que incluye a un exdiputado local, del cual no se dan mayores datos porque podría implicar una violación al debido proceso y podemos generar dificultad en las investigaciones.
De acuerdo con Nieto, dicha denuncia forma parte de las acciones que la UIF ha llevado a cabo durante el primer mes de la nueva administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Agregó que como parte de este caso se congelarán las cuentas para evitar el lavado de dinero y que continuarán con las investigaciones y combate a las estructuras financieras de los grupos delincuenciales que pretendan operar en el país.
Además aseguró que dará cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se hará una serie de propuestas para reformar la Ley de Prevención de Lavado de Dinero.
Entre las reformas que se proponen son modificar el artículo 17 de la ley, el cual establece una serie de actividades vulnerables, así como a otros artículos relacionados al combate del lavado de dinero, para poder involucrar a sectores que hoy en día están fuera de las autoridades supervisoras como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
También se incluirán a las asociaciones u organizaciones sin fines de lucro, sindicatos, partidos políticos y aquellas que se dedican a temas educativos, religiosos o culturales, las cuales no están reguladas y podrían verse involucradas en actividades premeditadas de lavado de dinero.
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