Por Ruby Soriano
Cuánta falta nos hace volver a creer en la impartición de justicia en un México abatido por la corrupción.
Ministerios públicos, jueces, magistrados han sido situados del lado del oscurantismo nacional, desde donde nos hemos enterado de sobornos y contubernios que alejan la credibilidad de un poder judicial duramente cuestionado.
Puebla no es la excepción. Los escándalos, las venganzas y las ejecuciones han salpicado al sistema judicial poblano, desde donde el manejo político y los presuntos nexos con la criminalidad enturbian la expedita impartición de justicia.
Por años la llamada autonomía de jueces y magistrados siempre ha estado en función de los intereses del gobernante en turno.
Lo hemos visto desde siempre, pasando por los tiempos de Guillermo Pacheco Pulido y llegando a los de Héctor Sánchez, donde el poder judicial ha operado para frenar la justicia cuando así lo requieran los poderes en turno.
Para nadie es un secreto que nuestro gobernador Miguel Barbosa es un odiador consumado, al que a la mínima provocación se le escapan las persecuciones y amenazas.
Sin embargo en medio de todo este caos, rescato y celebro el arribo de una mujer a la cúpula judicial poblana.
Son tiempos políticos y gubernamentales donde se hace imprescindible abrir los espacios al género para depurar la impartición de justicia en nuestra entidad.
El arribo al Tribunal Superior de Justicia en Puebla, de Margarita Gayoso Ponce como magistrada presidenta, oxigena y abre nuevas posibilidades para cambios de fondo en la aplicación de la justicia en la entidad.
A Margarita le doy mi voto de confianza como mujer poblana que cree en otra mujer, cuya trayectoria es de solidez, ética y responsabilidad.
Las mujeres en Puebla hoy más que nunca exigimos la empatía de otra mujer, para combatir tanta impunidad.
Urge que el poder judicial a todos los niveles ratifique su independencia que a veces se pone en riesgo frente a tantos embates de quienes viven en función de venganzas y persecuciones.
Ojalá Margarita resguarde y defienda una autonomía que debe mantenerse al margen de los caprichos de un gobernador.
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