Luis Enrique Sánchez Fernández  

Las campañas electorales tienen principio y fin. Así lo establece la ley electoral. Antes, existía un periodo para gobernar, para trabajar y cumplir con lo prometido y otro para competir por el poder. O por la nueva chamba. Al menos esa era la intención de la legislación electoral. 

Hoy esa frontera prácticamente ha desaparecido. 

La política mexicana ha inventado una nueva modalidad: la precampaña permanente. 

Ya no es necesario pedir el voto. Tampoco hace falta anunciar una candidatura. Basta con aparecer todos los días. 

Las bardas sustituyen a los discursos de campaña. Los espectaculares reemplazan a los mítines. Las redes sociales mantienen una presencia cotidiana. Los recorridos por colonias y municipios se presentan como encuentros ciudadanos. Las entrevistas se multiplican. Las fotografías con deportistas, empresarios, artistas o dirigentes sociales cumplen una función muy precisa: posicionar un nombre y un rostro en la memoria colectiva. 

Todo parece espontáneo. 

Nada parece campaña. 

Pero todo tiene la lógica de una campaña. 

La legislación electoral buscó evitar que quienes disponen de mayores recursos económicos, políticos o institucionales llegaran con ventaja al momento de la competencia. Sin embargo, la creatividad política encontró nuevos caminos para alcanzar el mismo objetivo sin pronunciar una sola palabra prohibida. 

Hoy nadie dice: “Vota por mí“. 

Se prefiere hablar de cercanía con la gente, de informar actividades, de escuchar demandas ciudadanas o de promover proyectos. Cambia el lenguaje; permanece la estrategia. 

La consecuencia es evidente. 

Los ciudadanos viven expuestos a una promoción política que ya no dura sesenta o noventa días. Se extiende durante años. Cuando finalmente llegan las campañas legales, muchos aspirantes llevan meses (o incluso años) construyendo una ventaja de conocimiento público. 

La competencia deja entonces de medirse por la calidad de las propuestas y comienza a depender de quién logró aparecer más veces en el espacio público. 

Puebla no es la excepción. 

Las bardas, los espectaculares, las giras regionales y la intensa actividad digital anuncian que la disputa por 2027 ya está en marcha, desde hace varios meses, aunque oficialmente nadie lo reconozca.  

Quizá la mayor paradoja sea que esta precampaña permanente termina debilitando la propia democracia. 

Cuando la política se convierte en promoción constante, el gobierno corre el riesgo de dejar de administrar el presente para comenzar a administrar la siguiente elección. 

Y cuando eso ocurre, la ciudadanía deja de ser destinataria de las políticas públicas para convertirse, simplemente, en un electorado al que hay que mantener permanentemente convencido. 

La pregunta ya no es quién empezó primero. 

La verdadera pregunta es si todavía existe, en México, un tiempo para gobernar sin estar pensando todos los días en la siguiente campaña. 

Los aspirantes no se miden por los proyectos o promesas cumplidas, se miden por su relación con el Patrón, por la cantidad de bardas con sus nombres, por las apariciones en los medios de comunicación, por el dinero invertido en espectaculares. 

Y quien los mide, quien los convertirá en candidatos, tendrá su estrategia para decidir quién va y quien se sienta a esperar.  

Así es la política del 2026. 

Es cuanto.