A veinte años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalará que las autoridades mexicanas, tenían la “propensión” a entregar “información manipulada, incompleta, condicionada a intereses de grupos o personas”, está discusión vuelve a retomarse por diversas ONGs.
Siete organizaciones civiles, documentaron seis casos de violaciones graves de derechos humanos, al extenderse la discusión que abrió la Suprema Corte hace 20 años, sobre la prácticas de “fabricación” y opacidad de las autoridades mexicanas, en el caso de la masacre de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, a manos de policías.
Así lo señalaron en su investigación “Derecho a la verdad en México. Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos”, en la que puntualizaron que la discusión que abrió la Suprema Corte de Justicia, ya hace dos décadas, se ha extendido considerablemente y, a la vez, las prácticas de “fabricación” y opacidad que se condenaron no se han extinguido.
Las organizaciones participantes en dicho análisis fueron el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan; Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos y Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Explicaron que a la masacre de Aguas Blancas se han sumado otros episodios y, si bien el marco legal mexicano ha reconocido expresamente un derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad —definido como el derecho a conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones de los derechos humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión—, existen reclamos en torno a éstos, similares a los que la Corte condenó hace años: maquinaciones, ocultamiento, opacidad.
Desaparición forzada, violencia y ejecuciones
Los casos que integran el documento elaborado son los siguientes: en el primer capítulo se trata del caso de las indígenas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, violadas por militares mexicanos hace 14 años, cuyo caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También se aborda el tema sobre la defensa del derecho a la verdad cuando se cometen ejecuciones arbitrarias. En la tercera parte, se abordan las desapariciones forzadas en Nuevo León ocurridas entre 2006 y 2012.
Además de la violencia ejercida contra los periodistas, retomando el homicidio del periodista gráfico, Rubén Espinosa Becerril, hecho en el que también fueron asesinadas la activista Nadia Vera, la trabajadora doméstica Olivia Alejandra Negrete, Mile Virginia Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.
Además de “Las deudas de la verdad en México, ante el discurso de justicia transicional” y finalmente, en el sexto capítulo que compendia la desaparición forzada ocurrida la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, contra estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa a manos de policía municipal y el ejército, dejando al menos 9 personas fallecidas, 27 heridos y 43 estudiantes aún sin localizar.
