Luis Enrique Sánchez Fernández 

Seiscientos días. Ni un año, ni dos. Tampoco una fecha establecida por la Constitución o por alguna tradición republicana para que un gobernador comparezca ante los ciudadanos. Simplemente, 600 días. 

Y, sin embargo, fueron suficientes para montar un informe. 

Alejandro Armenta reunió a representantes políticos, empresariales y sociales para hacer un balance de lo realizado durante sus primeros 600 días al frente del gobierno de Puebla. Hubo cifras, obras, programas, reconocimientos, mensajes y, naturalmente, escenario. 

Nada tendría de reprochable que un gobernante informe. Al contrario. Entre más información pública exista sobre lo que hace un gobierno, cuánto gasta y qué resultados obtiene, mejor para una sociedad democrática. 

La pregunta es otra: 

¿Por qué 600 días? 

¿Qué significado administrativo, constitucional o histórico tiene esa cifra para justificar un acto de semejante dimensión? 

Probablemente ninguno. 

Políticamente, en cambio, puede tener varios. 

Porque gobernar en nuestros días parece requerir algo más que realizar obras, administrar recursos y resolver problemas. También hay que comunicar que se gobierna. Y, todavía más, representar públicamente el ejercicio del poder. 

Ahí aparece una frontera interesante. 

Una cosa es rendir cuentas y otra construir un acontecimiento alrededor de la rendición de cuentas. 

El informe debería ser, esencialmente, un ejercicio mediante el cual el gobernante explique a los ciudadanos qué recibió, qué prometió, cuánto dinero utilizó, qué consiguió, qué falta y qué salió mal. 

Pero cuando alrededor del balance se congregan empresarios, dirigentes, legisladores, presidentes municipales, organizaciones sociales, funcionarios, beneficiarios y medios de comunicación, el acto adquiere inevitablemente otra dimensión. 

Ya no solamente se informa. 

También se muestra músculo político. 

Se exhibe capacidad de convocatoria. Se fortalecen relaciones. Se envían mensajes hacia dentro y hacia fuera del grupo gobernante. Se recuerda quién ocupa el centro del escenario político poblano. 

No necesariamente hay algo ilegítimo en ello. La política también consiste en construir acuerdos, interlocuciones y respaldos. 

Pero conviene llamarlo por su nombre. 

El gobierno de Alejandro Armenta ha tenido acciones visibles que pueden y deben evaluarse por separado. La pavimentación y rehabilitación de vialidades, la infraestructura, los programas sociales, las políticas de seguridad o los proyectos tecnológicos merecen un análisis sustentado en resultados. 

Reconocer lo que funciona no impide preguntar por lo que no funciona. 

Y reconocer resultados tampoco obliga a aceptar sin reflexión la manera en que éstos son presentados. 

Ahí está precisamente la diferencia entre crítica y descalificación. 

El asunto de los 600 días no tendría que convertirse en una discusión entre armentistas y antiarmentistas. Sería una simplificación. 

Lo interesante es observar una característica cada vez más frecuente de nuestra política: la transformación del ejercicio gubernamental en comunicación permanente. 

Ya no basta gobernar. 

Hay que narrar que se gobierna. 

Hay que producir imágenes de gobierno. 

Hay que construir acontecimientos. 

Y, de ser posible, mantener permanentemente ocupada la conversación pública. 

No es fenómeno exclusivo de Puebla ni de Morena. Durante décadas los gobiernos mexicanos aprendieron que la comunicación política puede ser casi tan importante como la administración pública. Cambian partidos, personajes y eslóganes; permanece la tentación del escenario. 

El problema aparece cuando resulta difícil distinguir dónde termina la información institucional y dónde comienza la promoción política. 

Y esa frontera adquiere particular importancia cuando el calendario comienza lentamente a mirar hacia 2027. 

Formalmente, todavía no estamos en campaña. 

En los hechos, la política poblana hace tiempo que comenzó a moverse. 

Hay bardas, espectaculares, recorridos, presencia constante en redes sociales, posicionamiento de personajes y multiplicación de actos públicos. Aspirantes que todavía no pueden llamarse aspirantes aparecen cada vez con mayor frecuencia ante los ciudadanos. 

Es la precampaña que oficialmente no existe. 

En ese contexto debe observarse también el informe de los 600 días. 

Mientras tanti, queda una pregunta, quizá más política que administrativa: 

¿Los 600 días necesitaban un informe, o el poder necesitaba los 600 días como oportunidad para reunir alrededor suyo a las fuerzas políticas, económicas y sociales de Puebla? 

Porque gobernar exige resultados. 

Pero en estos tiempos, al parecer, también exige escenario. 

Es cuanto.