Lucero Saldaña Pérez senadora del PRI exigió al gobierno de Puebla y a las autoridades escolares dejar de ser omisos en el caso de una menor abusada sexualmente en una secundaria de Tlatlauquitepec y frenar la violencia institucional a la que ha sido sometida.

En un exhorto la senadora, hizo referencia al caso de “Juana N”, alumna de secundaría que en mayo de 2017 fue abusada por sus compañeros de clases, y su maestra -quien estuvo al tanto de la agresión-, la obligó a no denunciar y acusó a la menor de haber provocado a sus compañeros.

Por lo anterior, la representante parlamentaria urgió no sólo a que se le dé seguimiento puntual a los hechos ocurridos en la telesecundaria Jaime Torres Bodet, ubicada en Calatepec, Tlatlauquitepec, sino que cumpla con la creación de una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), el cual está pendiente desde 2014.

No obstante al abuso del que fue víctima, tras la agresión su docente la humilló y amenazó, al asegurarle que a la escuela se va a estudiar “no a putear”, al tiempo que le insistió que fue su culpa por “provocar” a sus compañeros.

Dos meses después, la menor y su familia denunciaron la violación, y fue hasta el pasado 22 de marzo en que médicos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ratificaron que la menor fue víctima.

En su solicitud, la senadora también advirtió fallas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual a casi un año del ataque, no ha brindado a la menor y a su familia el apoyo necesario,  y al contrario, la menor ha tenido que sortear durante los últimos 11 meses amenazas de sus agresores, de sus profesores, además de que tuvo que dejar la escuela.

Otras de las omisiones de la FGE se reflejó en el peritaje del agente del ministerio público quien determinó que no hubo violación, la presunta amenaza a la familia con retirarle el apoyo Dirección de Atención a Víctimas si buscaban un abogado particular, ya que en reiteradas ocasiones se les negó el acceso a la carpeta de investigación.

A la fecha, únicamente se ha cesado a la docente de su cargo, mientras que el director recibió una falta administrativa por la omisión.

Cabe recordar que de acuerdo a la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (Ecopred) 2014 estimó que de un total de la población infantil entre 12 y 17 años de 47 ciudades el 51 por ciento fue víctima de tocamientos ofensivos, equivalente a 216 mil 423 personas, mientras el 1.8 por ciento, es decir 75 mil 11 fueron víctimas de violación o estupro.