Al proceso de corrupción que hay en su contra, Nicolas Sarkozy, expresidente francés, tendrá que sumar el del supuesto financiamiento ilegal de su campaña electoral de 2012.

El Tribunal Supremo francés (Cour de cassation), que es la más alta instancia judicial de Francia, rechazó el último recurso presentado por la defensa y de esa manera Sarkozy y otras trece personas tendrán que ser juzgados por dicho hecho.

De acuerdo con la investigación es sospechoso de haber superado el límite autorizado de 22.5 millones de euros en gastos de campaña en marzo y abril de 2012, a pesar de las advertencias de expertos contables.

De ser encontrado culpable, el exmandatario de 64 años podría ser castigado con un año de prisión y 3 mil 750 euros de multa.

El tema no es nuevo, fue hace seis años cuando el Consejo constitucional demostró que Sarkozy había sobrepasado en 363 mil 615 euros los gastos autorizados en una campaña electoral presidencial.

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Aunque el expresidente reembolsó la suma con la intención de librar el proceso penal, este 1 de octubre el Supremo optó por dictar su sentencia que lo obliga a responder ante los tribunales.

Y es que, de acuerdo con el Supremo, Sarkozy no podía ignorar el comportamiento crapuloso de una parte de su equipo, pagando facturas falsas.

“La autoridad de Nicolas Sarkozy, su experiencia política, y el alcance de su nueva candidatura a la magistratura suprema, hacen poco creíble la hipótesis de una candidato desconectado de su campaña, dejando a sus equipos y a los dirigentes de su partido, actuar por su cuenta, decidiendo ellos cuestiones que eran de su responsabilidad personal”.

Ahora Sarkozy deberá responder ante la justicia por los presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias en el escándalo “Bismuth”: el nombre utilizado por el expresidente para utilizar un teléfono privado desde el cual “intercambió favores” con algunos jueces.

Cabe recordar que solo un presidente de Francia, Jacques Chirac, fallecido la semana pasada, había tenido problemas con la ley pues en 2011 fue condenado a dos años de cárcel por un escándalo de empleos ficticios cuando era alcalde de París, aunque nunca fue a prisión por razones de salud.