Por ser “prematuro, carente de rigor” y por no sustentar fehacientemente lo ocurrido en el caso de los 43 estudiantes, el gobierno de México  reclamó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el contenido su investigación del Caso Ayotzinapa.

En un comunicado, las autoridades mexicanas aseguran que el informe publicado el pasado 15 de marzo por la ONU-DH, “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa”, es una “intromisión”.

Y es que, el informe reveló que 34 de los procesados, durante los interrogatorios fueron sometidos a mecanismos de tortura para tomar declaraciones.

La  Procuraduría General de la República (PGR) respondió y aseguró que los resultados de la investigación y los dictámenes periciales del Protocolo de Estambul “no sustentan fehacientemente la comisión de tales actos”.

Asimismo, tanto la PGR como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtieron que con la publicación la ONU violó ciertos acuerdos que se habían hecho para la acción de los organismos internacionales en cualquier materia nacional.

El informe “Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa” registró que

“Se estima que el Informe de mérito carece de rigor metodológico y sustento jurídico para arribar a la conclusión de que se está cometiendo una ‘doble injusticia’ como su mismo título lo describe”, señala en la respuesta el gobierno mexicano.

La ONU refiere que en los 34 casos que analizó, de las 129 personas detenidas y procesadas, se encontraron “fuertes elementos de convicción sobre la comisión de tortura, detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos”

La postura de las autoridades resulta alarmante, pues desde hace cuatro años ha sido una de las constantes denuncias públicas (principalmente documentado por medios locales o internacionales) que se han documentado, sin embargo es la primera vez que un organismo, de tal magnitud, lo hace.

Finalmente, también critican su intervención en “temas nacionales” y exhortan al organismo defensor internacional, se conduzca por “la senda fijada en los instrumentos creados para ello”.

“La PGR no pretende desconocer la importancia de los derechos humanos, ni que se busque evitar el cuestionamiento sobre las acciones del Estado en la investigación de uno de los casos más trascendentes de los últimos tiempos en México; sin embargo, es importante reafirmar que el encauzamiento de toda intervención en los temas nacionales, por parte de organismos internacionales, debe seguir la senda fijada en los instrumentos creados para ello.”