Mexicanos Contra la Corrupción y al Impunidad (MCCI) advirtió que en estas elecciones –las más grandes y caras de la historia-, el financiamiento ilegal de partidos y candidatos superará hasta en mil 400 por ciento lo reportado ante el INE.

Este día, el organismo independiente presentó su informe “Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas”.

De acuerdo con su análisis, los aspirantes a una gubernatura gastan hasta 10 veces más que el tope legal. Es decir, por cada peso reportado ante el INE, gastan 15 más de manera ilegal y en lugar de ejercer 46.8 millones de pesos fijados por la autoridad electoral –en promedio-, llegan a utilizar hasta 470 millones de pesos.

Bajo esta lógica, si se considera que para las elecciones en curso las autoridades electorales aprobaron 11 mil 844 millones de pesos a partidos y candidatos -6 mil 331 millones del INE y 5 mil 513 millones de los organismos locales-, la cantidad de dinero ilícito en la actual carrera electoral sería superior a los 177 mil millones.

En el estudio participaron más de 60 actores vinculados a campañas, entre ellos gobernadores, candidatos, operadores políticos, estrategas de campaña, asesores, empresarios, funcionarios públicos, encuestadores, directores de medios y periodistas.

De acuerdo con el estudio, las principales fuentes de financiamiento ilegal son: el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y -el más preocupante- el financiamiento del crimen organizado.

Lavado de dinero

Gran parte de los recursos cooptados no ingresa a las tesorerías, lo que da pie a la comisión de otros delitos como el lavado de dinero; la defraudación y evasión fiscal; simulación de operaciones a través de empresas fantasma; cobertura ilegal de medios, entre otros.

Dichos recursos regresan a las campañas a través de efectivo o en especie,para lo cual es necesario cometer otro ilícito: la triangulación de recursos.

De acuerdo con el estudio, el principal rubro en el que se invierte el dinero ilegal es el clientelismo—es decir las personas que trabajan durante meses operando una estrategia de puerta en puerta, así como en las casillas el día de la elección—, seguido por el pago de cobertura informativa y el pago a consultores.

El ejemplo más reciente fueron las elecciones del Estado de México, dónde los candidatos de todos los partidos cometieron dicho ilícito, gastando de manera conjunta más de 170 millones de pesos “extras”.

Recomendaciones

Los participantes advirtieron que la finalidad no es señalar a algún candidato, sino exponer el modus operandi que está dañando no sólo el erario, sino también al proceso democrático libre que se busca construir en México.

El organismo propone revisar la fórmula de financiamiento ordinario y para campañas de los partidos políticos a nivel nacional y estatal con una metodología “base cero” que permita empezar de nuevo con preguntas simples.

De igual forma se considera prioritario examinar los límites al financiamiento privado considerando sus aspectos positivos y riesgos y definir nuevos criterios para estimar los topes de campaña, con base en una estructura de costos realistas.

Al mismo tiempo reclama homologar las fórmulas de topes de gastos de campaña en el orden local y crear procesos de fiscalización que no sólo se activen en épocas electorales y, sobre todo, que no dependan exclusivamente del INE.

Además se recomienda hacer pública la lista de proveedores y contratistas de los gobiernos locales, así como contar con plataformas nacionales para conocer el historial de cada uno; vigilar y auditar los gastos en los rubros de comunicación social de todos los órdenes de gobierno.

Finalmente, recomienda –para que los delitos no queden impunes- revisar la tipificación y sanción de las conductas delictivas electorales como el uso de recursos ilícitos en las campañas, y crear juzgados especializados en materia penal electoral.

Para conocer el informe completo da clic aquí.