Redacción

Durante los seis meses que duró el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, la administración estatal pagó 521 millones de pesos a empresas fantasmas por contratos de obra pública que nunca se realizaron.

Así lo advierte la investigación “Interinato, el negocio perfecto: Las licitaciones de Guillermo Pacheco Pulido”, realizada por Itzel Jiménez Ríos, de Puebla Contra la Corrupción y la Impunidad (PCCI), en la cual se revela cómo en sólo seis meses el gobierno que encabezó el expresidente del Tribunal Superior de Justicia durante el sexenio de Melquiades Morales Flores, extrajo de las arcas el equivalente a 2.5 veces el presupuesto del “Plan Nacional de Reconstrucción” para Puebla.

La investigación contra su administración comenzó en octubre de 2019, cuando la Secretaría de la Función Publica (SFP) observó la aplicación irregular de 196 millones de pesos.

También se detectó las licitaciones se hicieron en un periodo lo muy corto y los contratos se programaron para terminarse en 120 días, pero se aceleraron los tiempos de entrega para que terminaran antes de la toma de protesta de Barbosa.

Al continuar la investigación se observó que, de las 26 empresas beneficiadas por licitaciones, nueve habían celebraron contratos con la administración de Antonio Gali Fayad y tres: Consorcio Constructor Ríos Alseseca; Consorcio Constructivo y Arquitectónico de Puebla y Beresmo Constructora y Urbanizadora, presentan irregularidades domiciliarias y las obras que debían realizar fueron cobradas, pero no existen.

Ese es el caso de Beresmo Constructora y Urbanizadora, SA de CV, empresa contratada para la reconstrucción por derrumbes en nueve municipios, obras que no se realizaron pero por las que cobraron 39 millones 211 mil 16 pesos.

Mientras que Consorcio Constructor Ríos Alseseca, SA de CV, celebró un contrato con el gobierno interino por dos obras públicas: una por 48 millones 416 mil 109 pesos y otra por 7 millones de pesos. La primera fue la apertura de pasos por afectaciones de derrumbes y deslaves en 27 caminos estatales sin embargo en cinco municipios no se llevó ninguna obra.

También destaca la empresa Jiménez y Cuéllar Asociados que tiene como socio a Carlos Cuéllar Moreno, quien aparece también como accionista de Beresmo Constructora y Urbanizadora, ambas constructoras se vieron beneficiadas con 73 millones 505 mil 972 de pesos en menos de seis meses, y al igual que el Consorcio entregó obras incompletas.

El documento señala que 203 millones de pesos se otorgaron a empresas fantasmas, 48 millones a obras inconclusas, y 270 millones se fueron a Urbaniq, una empresa con domicilio en casa habitación, por lo que se concluye que los desvíos “fueron posibles gracias a la complicidad o ausencia gubernamental, pues además de una red de empresas fachada, el Estado pagó 47.8 millones de pesos por obras inconclusas que el gobierno de Miguel Barbosa ordenó suspender”.

Sin embargo las suspensiones tampoco sirvieron pues una cláusula de los contratos estipulaba que si la cancelación de la obra no es imputable a la empresa: ésta puede quedarse con los adelantos que se entregaron.

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