Redacción PH

Durante 2019 y 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) habría adquirido programas de inteligencia para la geolocalización de celulares y análisis de datos masivos; es decir, para espionaje, según una investigación de El País.

De acuerdo con el medio español, en los últimos dos años la FGR de Alejandro Gertz Manero no solo firmó aproximadamente cuatro contratos por 5.6 millones de dólares, sino que también lo hizo con una de las principales proveedoras en materia de ciberespionaje durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el diario la compañía seleccionada fue Neolinx de México, empresa que ha sido intermediaria de la israelí Rayzone Group, quien es competencia del NSO Group, y además de las favoritas en el sexenio de Peña Nieto para espiar ciudadanos.

De acuerdo con el diario, el primer contrato celebrado durante la gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR estuvo a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y se firmó el 30 de mayo de 2019 por un monto de 2.4 millones de dólares.

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El objetivo de dicha compra fue: “Servicio de localización geográfica en tiempo real para equipos de comunicación móvil asociados a una línea telefónica, consistente en instalación puesta a punto, configuración y liberación de 135 mil búsquedas, sin que exista un límite de búsquedas diarias”, según un reporte del OIC consultado por El País

El segundo contrato fue para la compra del servicio ECHO para la consulta y análisis de datos masivos. ECHO es un sistema de inteligencia de señales estratégico que proporciona a las agencias de inteligencia y de aplicación de la ley información amplia, diversa y detallada sobre los usuarios de Internet en todo el mundo.

Por usar este servicio el gobierno pagó 2.8 millones de dólares, y que el gobierno ya ha justificado asegurando que el software de espionaje es para combatir a la delincuencia organizada.

Sin embargo, la publicación de esta información se da al mismo tiempo que en México se aprobó una nueva ley que obligaría a todos los usuarios de una línea telefónica celular, a entregar sus datos biométricos y personales para seguir utilizando el servicio.