Redacción PH

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, tras la detención del líder huachicolero y dos personas más por la explosión de un ducto de gas LP en San Pablo Xochimehuacán, aseguró que recibirán un ‘castigo ejemplar’, es decir la pena máxima por los delitos que se le imputan.

Reveló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina, horas después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmara la detención de José Agustín N., identificado como el jefe de ‘El Callo’ y ‘dueño’ de la toma clandestina que explotó.

Su detención estuvo a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y ocurrió el lunes en inmediaciones de la Central de Abasto.

Fue así como José Agustín fue detenido en compañía de dos de sus cómplices identificados como Yahir N y Gustavo N.

Investigaciones apuntan a que José Agustín en algún momento tomó el control de la zona tras enterarse que en la Avenida Ferrocarril y Calle Gasoducto se encontraba un ducto de gas de la empresa Pemex.

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Su operación se vino abajo el pasado 31 de octubre cuando no pudieron controlar una fuga de gas mientras ordeñaban la toma, causando una explosión que hasta ahora ha dejado más de cinco personas fallecidas y un centenar de viviendas destruidas o con graves daños.

Con su arresto suman seis detenidos, incluido ‘El Callo’ quien fue detenido el 7 de diciembre en Cáncun, mientras dos de sus cómplices, Miguel Ángel y Antonio fueron detenidos en la junta auxiliar.

Al respecto el mandatario destacó que con su detención no concluye la investigación pues es un delito en el que participan muchos.

“Hay la participación de muchos, los que hacen la toma clandestina, los que participan colocando un autobús para que no se vean las cosas que estaban llevándose a cabo… afortunadamente la Fiscalía logró tener videos, tener dichos de todos los que estuvieron por ahí (…) va haber más investigaciones y tendrá que haber más mandamientos. Vamos avanzando y se está haciendo justicia”.

Debe recordarse que a los detenidos podrían imputársele los delitos de lesiones y homicidio calificado, daño en propiedad ajena, ataques a las vías de comunicación entre otros señalamientos por los que podrían acumular una pena de hasta más de 80 años en prisión.