El gobierno federal cesó a tres altos funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), tras comprobarse “presuntos ilícitos y actos de corrupción” denunciados ante la Fiscalía General de la República (FGR), como adjudicaciones millonarias a empresas “fachada”, favoritismo, nepotismo, desvíos de subsidios y contratos “amañados”.

Confirmó este jueves la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en un boletín y aunque no se especificó el nombre de los destituidos, entre los casos denunciados destacan 2 contratos por cuatro mil millones de pesos de una compañía de Alejandro Puente, empresario de telecomunicaciones vinculado a corrupción en el sexenio de Felipe Calderón. Aun cuando el empresario no tenía experiencia en el ramo, apenas dos días después del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, recibió los contratos para vender leche a Liconsa, una empresa paraestatal de abasto popular.

Además, MCCI recordó que en 2021 reveló que en sus primeros 2 años de operación, Segalmex “otorgó casi 800 millones de pesos en adjudicaciones directas a una red de seis empresas cuyos socios han participado en empresas fantasma y en manejos irregulares”.

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Segalmex es un organismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para “rescatar el campo” con apoyos a pequeños y medianos productores, buscar la “autosuficiencia alimentaria”, distribuir alimentos básicos, garantizar precios y fomentar la productividad de las comunidades rurales.

Desde su fundación, ha despertado polémica por sus similitudes con la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), creada en 1961 y desaparecida en 1999 para controlar los precios agrícolas en los gobiernos del PRI.

Incluso, López Obrador nombró como director de Segalmex a Ignacio Ovalle, quien fue secretario de la Presidencia con el polémico Luis Echeverría (1970-1976).

Ante las acusaciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ordenó una fiscalización a Segalmex, Liconsa y Diconsa, la red de abasto social del Estado, en el periodo de 2019 a 2021, según MCCI.

“Lo cual arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales”, expuso.

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Entre los destituidos, MCCI presume que se encuentran el director comercial, Manuel Lozano Jiménez, “quien firmó algunos de los contratos investigados por la SFP”, y el director de operaciones, Bernardo Fernández.

Con información de EFE