Un juez federal ordenó el lunes a la Fuerza Aérea de Estados Unidos pagar más de 230 millones de dólares de indemnización por daños y perjuicios a los supervivientes y a los familiares de las víctimas de un tiroteo producido en Texas en 2017, por no haber comunicado los antecedentes penales del autor del ataque.

Un total de 26 personas murieron y 22 resultaron heridas cuando Devin Patrick Kelley abrió fuego en una iglesia de Sutherland Springs, en Texas, en noviembre de 2017, en el peor tiroteo de masa en la historia de este Estado.

Kelley, un criminal condenado, tenía antecedentes de violencia doméstica y problemas de salud mental. Tras el tiroteo, se suicidó con su arma.

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Familiares de las víctimas y supervivientes se querellaron contra el gobierno estadounidense afirmando que habría podido impedir que el autor del tiroteo adquiriera legalmente armas de fuego.

“La Corte concluyó que el gobierno no demostró prudencia razonable al transmitir los antecedentes penales de Kelley al FBI y que el gobierno era responsable de 60% de los perjuicios sufridos por los querellantes”, dice la sentencia.

La Fuerza Aérea no señaló al FBI que Kelly había sido condenado por violencia doméstica cuando estuvo en sus filas, lo que le permitió eludir el sistema de verificación de antecedentes para los compradores de armas.

La portavoz de la Fuerza Aérea, Ann Stefanek, dijo que la institución va a recurrir la sentencia.