Redacción PH

El Gobierno del estado de Puebla pagó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 2 mil 600 millones de pesos, por un litigio que perdió contra el Sistema de Administración Tributario (SAT), confirmó Sergio Salomón Céspedes Peregrina, gobernador de Puebla.

El adeudo es resultado de una irregularidad ocasionada por una obligación fiscal que surgió durante la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle.

Según la secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro, la obligación fiscal se originó en 2015 cuando se contrató al despacho de asesoría fiscal Sistemas LAC, que recomendó al gobernador Moreno Valle solicitar la devolución de impuestos de los años 2009 y 2010 del exmandatario Mario Marín Torres.

El SAT devolvió una parte de los impuestos en 2015 y 2016, pero en 2018 señaló que la devolución había sido incorrecta debido a que Puebla aún no estaba adherida a las disposiciones fiscales. Como resultado, el SAT determinó un crédito fiscal.

“Al no tener la legalidad, (el SAT) lo toma como un acto de dolo y determinan un crédito fiscal, una vez que se determina el crédito fiscal por la autoridad se tiene que pagar o en su caso litigar”, explicó la funcionaria.

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Fue en ese año que la administración estatal optó por la vía del litigio que inició con la cantidad de 700 millones y concluyó con una suma de mil 800 millones de pesos; no obstante, elmonto incrementó a 2 mil 700 millones de pesos tras el juicio emprendido en tribunales, y el pasado 5 de abril se terminó pagando 2 mil 600 millones de pesos tras una quita o rebaja solicitada por el gobierno.

Sobre este caso el mandatario consideró que “lastima e indigna”, no obstante no compromete las metas de su gobierno, mismas que se cumplirán.

“Evidentemente es un recurso que no estaba previsto, que genera una presión y que, en consecuencia, un acto responsable, para dar cumplimiento a las obligaciones de ley, y nos va a llevar a tener una disciplina y austeridad. En todo momento se van a cumplir con las metas y objetivos que tiene este gobierno”.

En tanto, Castro Corro anunció que se tomarán medidas por lo que se inició na investigación para determinar responsabilidades en contra de los servidores públicos que incurrieron en omisión al no cubrir las obligaciones fiscales determinadas por el SAT.