Un total de 102 defensores del medio ambiente han sido asesinados durante el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, iniciado el 1 de diciembre de 2018 y que cerrará el próximo 30 de septiembre, informó en el Día Mundial del Medio Ambiente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

“Hay un total de 102 personas defensoras asesinadas durante la administración del Gobierno actual”, sentenció la representante de la organización no gubernamental Itzel Arteaga en el foro Situación de las y los defensores ambientales, celebrado en Toluca de Lerdo, en el céntrico estado de México.

Así, en 2018 se registraron 21 agresiones letales, una cifra que bajó hasta las 15 para 2019; en 2020, se elevaron a 18 y, para 2021, la tendencia al alza continuó con 25 casos, que se redujeron a 24 en 2022.

Sólo en el año pasado, se reportaron un total de 123 agresiones hacia este colectivo, 20 de las cuales fueron letales.

“Hemos visto que el año con más eventos de agresiones documentados es el 2022, donde notificamos 197 eventos”, desgranó, aunque apostilló que 2017 fue el curso en que más muertes se reportaron desde que la organización tiene registros.

Estos datos convierten a México en uno de los países “más letales” del mundo para ser ambientalista, junto a Colombia y Brasil, según la organización Global Witness.

Durante el conversatorio, que se llevó a cabo en la Biblioteca del Poder Legislativo estatal, se expusieron diferentes casos de persecución y asesinato de líderes ambientalistas, como el de Álvaro Arvizu, miembro fundador del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli), quien falleció tras sufrir un ataque en 2023, crimen que aún sigue impune.

Efectos de los megaproyectos

Uno de los ejes del coloquio organizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) giró en torno a las consecuencias que han tenido sobre el medioambiente y las comunidades locales los megaproyectos abanderados por López Obrador, como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

La diputada estatal por Morena, Beatriz García, justificó estas grandes infraestructuras con el desarrollo económico derivado: “Hasta ahora en México solamente se había visto al sur como mano de obra (…), nunca habíamos tenido un desarrollo económico como el que hoy se está impulsando”.

La política acusó a la oposición de estar detrás de las protestas y a usar la lucha medioambiental en su beneficio: “Más que un tema medioambiental, es un golpeteo político”, declaró.

Paralelamente, el gerente de Derechos Humanos del Cemda, Felipe Romero, situó la mayoría de casos de estigmatización a ambientalistas “concentrados en la región sur del país”, donde se desarrollan los proyectos mencionados.

En vísperas del inicio de cambio de gobierno, los participantes del conversatorio mandaron deberes para la futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“Lo que esperamos es que se puedan abordar varios pendientes que existen en materia ambiental”, anheló Romero.

Según su radiografía, estos se vinculan con la gestión del agua, así como la protección de activistas o el abordaje de los megaproyectos para que se ejecuten “con respeto a los derechos de las comunidades”.

En este sentido, el activista y abogado Mario Cardozo ofreció consejos para garantizar los derechos de los activistas, principalmente orientados a conseguir un “abordaje integral” que contemple, además de la protección, la prevención de posibles persecuciones.

A pesar de esta situación, el director del CDHZL, Antonio Lara, se comprometió a “seguir cambiando el mundo”.

“Estamos fastidiados de que propongamos dignidad, libertad y vida y la gente del poder nos ofrece cárcel y muerte. No estamos dispuestos a aceptarlo y, por lo tanto, nos seguiremos organizando”, aseveró.