La enorme pérdida de vidas civiles en Gaza que ya superó las 37 mil, junto con la masiva destrucción de infraestructuras no militares en la Franja forman parte de “una estrategia consistente en causar el máximo daño” atacando intencionadamente a la población, concluyó el primer informe de investigadores de la ONU sobre el conflicto.

Elaborado por la Comisión Internacional e Independiente de Investigación para Palestina, que analiza por mandato de Naciones Unidas todos los hechos ocurridos desde los ataques del 7 de octubre, se determinó que tanto Israel como Hamás y otros grupos armados palestinos han cometido crímenes de guerra y contra la humanidad.

En el caso de Israel, la comisión presidida por la veterana jurista sudafricana Navi Pillay advierte que el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu “ha dado a sus fuerzas de seguridad carta blanca para atacar objetivos civiles de forma amplia e indiscriminada en Gaza”.

Eso parece responder a la aplicación de la llamada “doctrina Dahiya”, que recibe su nombre de un barrio de Beirut controlado en su día por la milicia Hezbolá arrasado en 2006 por la fuerza aérea israelí, y que consiste en dar una respuesta desproporcionada, sin distinción entre civiles y militares, a ataques de grupos armados.

El documento de más de 200 páginas advierte que en muchas acciones militares de Israel tras los atentados terroristas de octubre “no se han identificado objetivos militares que sirvieran de argumento para el lanzamiento de un ataque”.

También se dispara a matar con frecuencia, sin distinguir cuáles son los objetivos o si éstos realmente suponen una amenaza, a la vez que denuncian un “asedio total” de Israel contra Gaza, como una medida de represalia en la que “se lucha contra animales y hay que actuar en consecuencia”.

En el conflicto hay “una clara intención de instrumentalizar la necesidad y usarla como arma, manteniendo a la población de Gaza como rehén para lograr objetivos políticos y militares”.

El informe, que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 19 de junio, recoge testimonios de víctimas, análisis forenses, imágenes por satélite y otros datos para concluir que Israel, Hamás y sus grupos armados afiliados han cometido graves violaciones del derecho internacional y “deben rendir cuentas”, en palabras de Pillay, antigua jueza de la Corte Penal Internacional.

Acusa a Israel de los crímenes de guerra de “uso del hambre como arma, asesinato, ataques intencionados contra civiles, transferencia forzada, violencia sexual, tortura y detención arbitraria”.

Como “crímenes contra la humanidad” de Israel cita “exterminio, persecución por motivos de género contra hombres y niños” y otros también considerados en la anterior tipología, como las deportaciones forzosas o los tratos crueles e inhumanos contra detenidos.