La Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad del proceso federal electoral y concurrentes, por declaraciones proselitistas en 32 conferencias matutinas del 2023 y cuatro de febrero del 2024.

En sesión pública del jueves, los magistrados de la Sala Especializada resolvieron un Procedimiento Especial Sancionador promovido por el PAN, en donde determinaron que además de vulnerar dichos principios hizo uso indebido de recursos públicos por declaraciones de carácter electoral, de apoyo a un grupo político y de rechazo a la oposición en 32 conferencias matutinas entre mayo y octubre del 2023.

Sin embargo, al ser López Obrador el presidente no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, únicamente se le responsabiliza, por lo que se le dará vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia para que determine responsabilidades a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno federal; Daniel Ramírez Pérez, Jefe de Departamento; además de Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), como también Jessica Ramírez, integrante de la oficina de Presidencia, y Carlos Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia.

También se confirmó que el presidente y el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, emitieron manifestaciones proselitistas en las conferencias matutinas de los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de este año.

Los magistrados determinaron que en esas conferencias hicieron manifestaciones proselitistas dirigidas a que los ciudadanos en las elecciones del 2 de junio apoyarán el proyecto de transformación, lo cual vulneró los principios constitucionales. También se resolvió el uso indebido de recursos públicos.

En este caso la Sala Especializada también resolvió dar vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine sanciones para los mismos funcionarios mencionados anteriormente.