El Senado de México aprobó el proyecto de reforma que blinda las reformas constitucionales al establecer la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.

El proyecto de reforma a los artículos 105 y 107 constitucionales avanzó con la mayoría oficialista en comisiones, en medio de una polémica desatada desde su origen por reforzar la soberanía del Poder Legislativo frente al Judicial y las calificaciones de impulsar una supremacía constitucional.

La medida llega después de la Reforma Constitucional y la lucha que mantienen trabajadores del Poder Judicial, quienes han logrado al menos dos suspensiones por jueces federales.

Tras varias horas de discusión, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de impugnabilidad a la Constitución con 85 votos de los partidos oficialistas de Morena, PT y PVEM, alcanzando la mayoría calificada y 41 den contra del resto de fuerzas políticas.

Como era de esperarse la discusión significó un enfrascado debate en el que los morenistas defendieron la reforma, argumentando que esta medida evitará que el Poder Judicial obstaculice los cambios promovidos por el Legislativo, en consonancia con “el mandato popular”.

Mientras por el lado “opositor” en voz de Ricardo Anaya Cortés se acusó que la propuesta es un intento de centralizar el poder y limitar los recursos legales con los que los ciudadanos pueden defenderse de posibles abusos de las autoridades.

También recordó que la reforma constitucional cierra la posibilidad de que se impugne cualquier propuesta que vulnere algún derecho fundamental.

Por su parte, los partidos de oposición presentaron mociones suspensivas, argumentando que la reforma es un paso hacia la instauración de una dictadura en México, sin que fueran tomadas en cuenta por la mayoría legislativa de la Cámara alta del Congreso.

La discusión continuará pero de concretarse su aprobación la reforma representaría un cambio significativo en el sistema jurídico mexicano, limitando las vías legales para impugnar las decisiones del Congreso y reforzando el control del poder legislativo sobre las reformas constitucionales.