Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, descartó que su administración pague los 640 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcciones y Concesiones, que en junio de 2024 obtuvo un fallo a su favor de la SCJN, para que el gobierno de Puebla la indemnizara por la cancelación de un contrato de 2009.

“Antes que me encarcelen a que yo pague por algo que el gobierno no debe”, dijo este martes en breve entrevista tras inaugurar la rehabilitación de una avenida en el municipio de Cuautlancingo.

Al respecto el ex senador acusó que lo reclamado por la constructora, la cancelación en 2012 de la concesión para la construcción del Libramiento Poniente, obra que conectaría al Arco Norte con la Autopista Siglo XXI, es un ejemplo de la “complicidad” del Poder Judicial a favor de intereses económicos que dañan a los ciudadanos.

“Es un acto abusivo, es una extralimitación del Poder Judicial de la Federación, a través de la Corte, a esa complicidad se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora la doctora Claudia Sheinbaum, cuando Poder Judicial servía a los intereses económicos para dañar al pueblo”, dijo en referencia a la resolución que tomaron los ministros de la Segunda Sala en 2024.

Además, el mandatario recordó que la cancelación de contrato que en 2012 hizo el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, respondió a que no hubo avances significativos de la obra, no obstante ahora los condenan a pagar 600 millones de pesos.

“No hay un metro cuadrado de construcción, no hubo inicio de obra y se presupone que esta empresa empezó a pagar derechos de vía, pero después se canceló la obra en otros gobiernos”, dijo.

Debe recordarse que en su momento la obra tuvo que frenarse por una serie de protestas de campesinos y ejidatarios de la región Izta-Popo que acusaron que se les quería pagar cifras irrisorias por sus tierras para el proyecto carretero.

“No se invirtieron más de 60 millones de pesos y ahora condenan al estado a pagar 600 millones, en presuntos pagos de derecho de vía”, reclamó el mandatario.

Finalmente dijo que su administración actuará con apego a la Ley y se agotarán todos los recursos posibles para evitar la sanción económica.