Artículo 19, la organización defensora de periodistas, emitió una alerta dirigida al gobierno de Puebla para que deje de utilizar la tribuna pública en contra de la prensa, ya que contraviene “los estándares de libertad de expresión y derecho a la información”, al mismo tiempo que justifica la violencia contra las personas comunicadoras.

El llamamiento se hizo por el caso de Rodolfo Ruiz, director general de e-consulta, quien en la conferencia del 07 de abril de 2025 fue estigmatizado y criminalizado por Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, quien calificó al periodista de “canalla”, “cobarde” y lo acusó de liderar un “grupo de ciberdelincuentes” que atacaban a figuras públicas a través de bots y páginas falsas.

En dicha conferencia el mandatario se refirió a un mensaje que se publicó en X, y de acuerdo con lo que le informó al momento José Tomé Cabrera, coordinador general de Comunicación del Gobierno de Puebla, “ya lo borró”, pero era de e-consulta y hacía referencia a la pelea de la boxeadora Gabriela “La Bonita” Sánchez, también funcionara de gobierno, y la presentación de la cantante Belinda “como distractores”.

Tras la precisión el mandatario acusó al comunicador de difundir información falsa y de ejercer violencia de género, incluso solicitó a la Fiscalía General del Estado de Puebla que iniciara una investigación contra el periodista bajo los cargos de violencia de género y difamación.

Su advertencia tuvo una pronta respuesta del periodista que en X aseguró que ni él ni el medio que dirige compartió mensaje alguno en el sentido que acusó.

Un día después otro periodista advirtió que el mensaje que Tomé y Armenta le atribuyeron a Ruiz era de su autoría, por lo que el director de e-consulta exigió una disculpa pública.

Durante ese tiempo Rodolfo Ruiz fue hostigado en redes sociales y se le calificó de “periodista sicario”, por lo que Article19 advirtió que lo ocurrido con el comunicador “contraviene los estándares de libertad de expresión y derecho a la información, y violenta el ejercicio de estos derechos”.

Por ello, la defensora solicitó al gobernador Alejandro Armenta “se retracte públicamente de las acusaciones infundadas contra Rodolfo Ruiz y que se disculpe por haber utilizado su poder público para estigmatizar y descalificar al periodista.”

También solicitaron que la Fiscalía General del Estado de Puebla se abstenga del uso “uso ilegítimo del poder público para hostigar con investigaciones legales al periodista”, advirtiendo que de hacerlo “corresponderían a un acoso judicial en donde se utilizarían recursos públicos para amedrentar o silenciar a la prensa por su labor informativa”.

También llamaron al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas proporcione medidas de protección urgentes para Rodolfo Ruiz y su familia, ante los riesgos que representa el hostigamiento público promovido por el gobernador y a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, que inicie una queja por los actos de intimidación y hostigamiento, así como la criminalización por parte del gobierno de Puebla contra la prensa, y en específico Rodolfo Ruiz, así como el posible uso de recursos públicos para limitar o censurar la labor periodística.

También reclaman que se pronuncie por el continuo uso del “Detector de Mentiras” como herramienta que busca intimidar a la prensa crítica.