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17 abril, 2025

Redacción PH

Piden a Armenta frenar despojo de tierras de Grupo Proyecta en Ocoyucan para expandir Lomas III

Un grupo de habitantes de la comunidad de La Cantera, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan, denunciaron que Grupo Proyecta en contubernio con el ayuntamiento y el comisario ejidal están despojándolos de sus tierras y destruyendo sus casas para expandir Lomas de Angelópolis III.

Denunciaron el miércoles 16 de abril ante el gobernador Alejandro Armenta Mier a quien le pidieron intervenir y ayudarlos a regularizar sus tierras, para así revertir el despojo de 20 hectáreas del consorcio inmobiliario de la familia Posada Cueto, y que sigue avanzando a través de amenazas y uso de la fuerza pública.

“Si el gobernador nos ayuda a regularizarnos, Proyecta ya no va a poder seguir avanzando ni tragándose todas las colonias y predios de siembra que se está robando en Ocoyucan”, dijo Alberto Serrano, representante de los afectados, al explicar el modus operandi del consorcio que desde 1990 ha despojado de sus tierras.

El despojo

De acuerdo con Serrano, la tierra que Grupo Proyecta busca apropiarse fue adquirida en el año 2000 por el señor Saulo Lamadrid Morales, quien comenzó a vender los lotes a los ahora propietarios.

Sin embargo los ejidatarios de Ocoyucan revendieron nueve parcelas de La Cantera a Grupo Proyecta, a pesar de que varias de ellas ya tenían casas o estaban en proceso de construcción.

Ahora, lo que hace proyecta es acercarse a los vecinos y les ofrece comprarles sus terrenos en 600 pesos, cuando ellos los compraron en mil pesos, pero además les advierte que si no aceptan el trato serán desalojados, incluso les advierten que cuentan con el apoyo del municipio.

En caso de que muestren sus minutas del ejido u otros documentos que ampare su propiedad de la tierra, ellos muestran documentos del Registro Agrario Nacional (RAN), en el que les han cambiado el nombre de los dueños.

Para comprobarlo mostraron una copia de una presunta cesión de derechos a favor de María Elena Asunción Posada Cueto de una parcela que le pertenece a María Esperanza Cinto Hernández, desde el 2007, y otra a favor de Gabriel Posada Cueto de 2016, destacando que en la cesión a favor del empresario inmobiliario, se le identifica como “campesino”.

En ese tenor advirtieron que esos cambios no se podrían hacer si no estuvieran en conturbernio con las autoridades.

“A Proyecta no le importa, está arrasando, no le importa la gente pobre, todavía no terminan de derribar las casas y ya están vendiendo terrenos. El clúster Sante, que se tiene en Lomas III, ya lo están vendiendo los lotes en 720 mil pesos, y aun no hay nada””, acusó Serrano.

Con ese modus operandi, Grupo Proyecta ha logrado el derribo de por lo menos 20 casas y siguen avanzando, enviando demandas de desalojo y mostrando certificados de propiedad y otros documentos falsos, además el consorcio se escuda en contar con las escrituras de los predios desde 2019, aunque hay vecinos que llevan casi 30 años viviendo ahí y cuentas con minutas de compra venta y actas de posesión.

También advierte que no llegan solo con la maquinaria pesada y personal, sino también con la Guardia Nacional.

De igual forma tampoco han sido apoyados por el ayuntamiento, que sigue sin reconocerlos como parte del núcleo urbano, por lo que tampoco se les brindan servicios públicos. La falta de reconocimimento no solo les ha impedido tener las condiciones mínimas de vida digna, sino también ha sido un factor determinante para que algunos propietarios opten por terminar rindiéndose y vendan sus predios o terminen desalojando.

Y en caso de que alguien levante la voz le fabrican delitos, como ocurrió con Emiliano Zambrano, opositor de la construcción de City Lomas Ocoyucan y actualmente preso en San Pedro Cholula, acusado de supuesto abuso sexual.

“Emiliano está en prisión con acusaciones falsas, y lo mismo nos puede pasar a nosotros, tenemos miedo, por eso estamos recurriendo al gobernador porque nadie tiene la fuerza para enfrentar a Grupo Proyecta que es tan poderoso”.

Finalmente, los denunciantes fueron atendidos por un representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), para que pudieran reunirse con la Consejería Jurídica.

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