La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera definitiva el delfinario Dolphinaris Barceló, e impuso una sanción económica de más de 7 millones de pesos por conductas en detrimento de la calidad de vida de estos mamíferos.

El delfinario Dolphinaris Barceló, operado por Acuario Arrecifal, S.A. de C.V., y en los últimos dos años sumo varias denuncias y protestas de organizaciones defensoras de animales, tanto locales como nacionales por la explotación y maltrato de los delfines.

Además, la Profepa confirmó la presentación de una denuncia penal por el maltrato que sufrió el delfín Mincho, quien mientras daba su show para turistas al dar un salto cayó sobre el concreto, y aunque el veterinario ordenó 15 días de descanso para el delfín, el establecimiento hotelero no lo dejó descansar y siguió día tras día haciendo acrobacias.

El caso de Mincho se viralizó en redes sociales apenas en enero pasado, sin embargo ocurrió en 2020, pero el hecho nunca se le reportó a las autoridades competentes.

En febrero, inspectores de la Profepa acudieron para una verificación y en marzo determinaron la suspensión preventiva del espectáculo, el cual no estaba contemplado en el plan de manejo autorizado a favor de la empresa Acuario Arrecifal.

Finalmente, el pasado lunes 12 de mayo se determinó la clausura total del recinto, por lo que en el establecimiento de Barceló ya no podrán llevarse a cabo actos con delfines, tras confirmarse que violaron la Ley General de Vida Silvestre y la Norma Oficial Mexicana relacionadas con el trato digno hacia la especie.

Además, la dependencia federal impuso una sanción económica por 7 millones 526 mil 240 pesos.

Actualmente Mincho se encuentra se encuentra bajo cuidados en un delfinario de Cancún, tras ser rescatado, tiene 35 años y está perdiendo la vista, ya que presenta un proceso crónico de queratitis, por lo que el ojo izquierdo ya no le funciona, mientras el derecho se encuentra al 60% de visión.

Por este caso, Profepa presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable por hechos con apariencia de delito previsto y sancionado en el artículo 420, fracción I, del Código Penal Federal, que establece una pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa para quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino.