Ante la presión social, Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla que inicialmente defendió la Ley de Ciberseguridad aprobada el pasado jueves y en la que se penaliza el “ciberasedio”, solicitó a la presidenta del Congreso local, Laura Artemisa García Chávez, organizar foros de análisis con participación de sectores como periodistas, colegios de abogados, organismos de derechos humanos y asociaciones de padres.

Esta solicitud, dos días después de promulgarse la ley, tiene como finalidad revisar el apartado relacionado con el ciberacoso y garantizar que el marco legal proteja “los derechos humanos universales con el mayor consenso posible”, al mismo tiempo que se busca no vulnerar la libertad de expresión.

En respuesta, la diputada García anunció mesas de trabajo y debates con la sociedad civil.

Sin embargo, previo a la aprobación hubo múltiples pronunciamientos de organizaciones, periodistas y expertos para pedir que se detuviera esta reforma al Código Penal del Estado pues podría ser usada para violentar el derecho de ciudadanos y periodistas a la libre expresión, no obstante todos los llamados fueron ignorados y se justificó la urgencia de su aprobación asegurando que se busca proteger a menores

Debe recordarse que el delito de “ciberasedio” según la ley podrá castigarse con hasta tres años de prisión para quienes utilicen redes sociales para injuriar o agredir con insistencia a otra persona, causando un daño considerable a su salud.

Pero además, de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso del estado, una vez aprobado el proyecto de ley, decreto o acuerdo, no podrá tratarse su derogación sino pasado un periodo ordinario de sesiones.