El Primer Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Toluca dictó una sentencia absolutoria a favor de cinco miembros de la familia Jenkins y dos de sus abogados. Además de exonerarlos, también se cancelaron las órdenes de aprehensión y la carpeta de investigación correspondiente.

De acuerdo con medios nacionales, los magistrados argumentaron que la Fiscalía General de la República (FGR) actuó fuera del marco legal al reabrir el caso en junio de 2020, cuando este ya había sido cerrado formalmente en mayo de 2018. Esta irregularidad legal fue suficiente para declarar inválido el procedimiento.

Entre los beneficiados por esta resolución se encuentran Roberto Jenkins, María Elodia Jenkins, Margarita Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar, Juan Guillermo Eustace Jenkins, y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz.

El conflicto legal tiene su origen en 2014, cuando Guillermo Jenkins de Landa acusó a sus hermanos de desviar cerca de 720 millones de dólares pertenecientes a la Fundación Mary Street Jenkins.

La disputa tuvo un fuerte impacto en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), propiedad de la Fundación Jenkis. Y cuando el conflicto escaló, en 2021, la universidad se vio obligada a suspender actividades presenciales siete meses, lo que provocó una severa crisis: se perdieron tres mil alumnos, el 70% del personal docente y más de 300 millones de pesos en pérdidas económicas, reveló tiempo después Luis Ernes Derbez Bautista, rector de la universidad, quien también fue depuesto de su cargo temporalmente.