Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación de Puebla, informó que el caso de Renato Romero Camacho, activista y defensor del agua y el territorio, está en manos del Ministerio Público y ya se realiza la audiencia correspondiente por su participación en delitos contra un particular, descartando que sea por un tema con el Estado.

“La detención del activista Renato ‘N’ no es por un conflicto entre el Estado y él, sino un tema de particulares”.

Subrayó en entrevista al indicar que este martes 2 de julio se llevaría a cabo la audiencia correspondiente por su presunta participación en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo.

En ese tenor dijo que desde su representación estará siguiendo de cerca el proceso legal contra el activista, pero reiteró que su detención no es por algún presunto conflicto con el gobierno estatal.

De forma similar se pronunció Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, quien señaló que el Estado no tiene vinculación con la detención del activista y aseguró que respetará los derechos humanos durante el proceso.

El mandatario también dijo que dará seguimiento al caso, pero será la Fiscalía quien lo conduzca conforme a derecho, reiterando la postura de neutralidad institucional.

Remarcó que la ley debe aplicarse sin distinción y todo acto debe tener consecuencias legales, independientemente de quién lo cometa.

Los hechos

Renato Romero, quien encabeza la lucha por el agua en la cuenca Libres Oriental, fue detenido el martes 1 de julio por agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), por su presunta responsabilidad en los delitos de daño en propiedad ajena y despojo agravado.

Sobre las acusaciones, Tonatiuh Sarabia, su abogado, advirtió que el denunciante es Concesiones Integrales, que es la concesionaria del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP).

Concesiones integrales, mejor conocida como Agua de Puebla, también habría denunciado a dos personas más, además de Renato Romero por la protesta del mes pasado en San Miguel Xoxtla, por presunto daño a propiedad ajena y despojo.

Además, Sarabia denunció que su representado presenta lesiones en el área de las rodillas, provocadas al momento de su detención.

Tanto su abogado como organizaciones defensoras del agua y la tierra han recordado que su detención fue arbitraria y confirma como un acto de represión en Puebla.

“No son delitos graves y no ameritan órdenes de aprehensión, porque era sólo citarlos a comparecer, pero con estas acciones se criminalizan la defensa del agua y la tierra y en este sentido es evidente la amenaza que se hace a quienes lo hacen”, acusó Juan Carlos Flores Solís, abogado del Frente de Pueblos Unidos y ex preso político, quien participó en la protesta afuera de la Casa de Justicia de Cholula.