Por Angélica Beltrán

La reforma electoral impulsada por Enrique Peña Nieto en 2014 abrió la puerta a la reelección consecutiva de legisladores y munícipes. Desde entonces, diputados y senadores pueden permanecer en el cargo hasta por 12 años consecutivos —cuatro periodos en San Lázaro y dos en el Senado—, lo mismo que alcaldes y concejales, tanto a nivel federal como local.

Esa reforma, promovida por el PRI, desvirtuó el espíritu original de la Constitución, cuyo principio fundamental fue el sufragio efectivo, no reelección. Se trató, en realidad, de una maniobra para burlar la democracia: con la reelección, muchos políticos se han afianzado en el poder, aprovechando ventajas que no tienen los demás aspirantes que compiten cada tres o seis años por los mismos espacios.

Por eso, la propuesta de reforma electoral que ahora plantea la presidenta Claudia Sheinbaum ha encendido las alarmas en la clase política que ha hecho de la reelección su refugio para permanecer en el poder. Hace una década, la reforma fue operada y aprobada bajo la coordinación de los líderes de las bancadas de la mayoría en ambas cámaras, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones.

Hoy, con una visión distinta, el proyecto de la Cuarta Transformación retoma la congruencia de fondo: hacer cambios estructurales en la vida pública. Y uno de ellos es justamente revertir esa herencia de privilegios, eliminando la figura de la reelección para legisladores, alcaldes, munícipes y concejales.

Con mayoría en ambas cámaras, MORENA tiene los votos para aprobar la Reforma político-electoral (no obstante, las voces disidentes al interior del partido), y en cuya propuesta inicial contempla cuatro puntos clave: eliminar la reelección, suprimir las diputaciones y senadurías plurinominales, prohibir el nepotismo en las candidaturas, y reducir el financiamiento público a los partidos políticos.

Se trata de una reforma que toca directamente los intereses de los políticos, pero que representa una ganancia clara para la democracia. Con su aprobación, se acabaría con la perpetuación de las mismas figuras en el poder, se nivelaría la contienda electoral, y desaparecerían los plurinominales, figuras que no responden al voto ciudadano sino a las cúpulas partidistas, que los utilizan como cuotas y recompensas de partido.

Y sí, la reforma electoral propuesta por el Poder Ejecutivo apunta a mejorar la democracia en México: menos gasto a los partidos, adiós a la reelección, fin al tráfico de candidaturas familiares, y desaparición de 200 diputaciones y 32 senadurías de representación proporcional que hoy engrosan la burocracia legislativa.

Tan cuestionable es esta figura, que algunos políticos se han auto beneficiado con las plurinominales, como fue el caso de los panistas Marko Cortés y Ricardo Anaya, que actuaron como juez y parte en su propio reparto.

La iniciativa para la Reforma Electoral será discutida en la comisión especial creada por la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezada por Pablo Gómez, uno de los personajes con mayor experiencia en el ámbito electoral. Gómez tiene claro el objetivo: recuperar el espíritu de la Constitución y garantizar que la democracia no sea patrimonio de una élite, sino un derecho efectivo de todos los mexicanos: elegir y ser elegidos, y no sean los mismos de siempre los que permanezcan en los espacios de elección popular.