La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 456 votos, la nueva Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el delito de extorsión, buscando homologar este crimen a nivel nacional al crear un marco legal uniforme que permita una persecución más efectiva del delito.

Este martes, con 456 votos a favor, el Pleno de San Lázaro aprobó el proyecto de ley establece una pena básica de seis a 15 años de prisión y multa, para quien, mediante coerción, fuerce a otra persona a realizar una acción o entregar algo para obtener un beneficio.

La ley contempla un sistema de 34 agravantes que incrementan significativamente las penas. Específicamente, las condenas se elevarán a ocho a 20 años de cárcel cuando la extorsión involucre el delito de “cobro de piso”, cuando la víctima sea alguien que desarrolle actividades económicas (comerciales, empresariales, etc.), o cuando se utilice el nombre de un sindicato u organización.

Además, la sanción puede llegar a ser de 10 a 25 años de prisión si se ejerce violencia física o si el crimen se comete bajo la modalidad de “montachoques” (exigir pago por supuestos daños intencionales en accidentes de tránsito).

El dictamen también sienta las bases para la coordinación entre los tres niveles de gobierno con el objetivo de perseguir de manera más eficiente la extorsión y los delitos conexos.

Al homologar un único tipo penal que será aplicable en todas las entidades federativas, se busca una mayor efectividad en la investigación y sanción de este delito, sentando las bases para combatir frontalmente crímenes de alto impacto como el “cobro de piso” y los “montachoques”.

Tras su aprobación, de inmediato inició la discusión en lo particular para su aprobación en el Pleno.