Fedrha Suriano Corrales, diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa ante el Congreso de Puebla para crear una Fiscalía Especializada para la atención de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes (NNA).

La propuesta, es su respuesta ante el alarmante aumento en los casos de abuso sexual infantil en la entidad, también contempla reformas a diversas leyes para fortalecer la detección y prevención de estas agresiones, incluso por parte de autoridades municipales y estatales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FG), en Puebla se observa un incremento preocupante en los casos de abuso sexual, delito que aumentó un 28.6% entre los años 2020 y 2023, al pasar de 464 a 597 casos.

Suriano Corrales enfatizó que, en la mayoría de los casos, la agresión proviene del círculo más cercano de las víctimas, siendo el interior de los hogares donde ocurren nueve de cada 10 casos de abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.

Por esa razón la diputada propuso modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, la Ley de Educación del Estado de Puebla y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Uno de los objetivos centrales de las reformas es asegurar la capacitación obligatoria en prevención, detección y reacción ante casos de abuso sexual infantil para todos los servidores públicos que tengan contacto directo con NNA en dependencias estatales y municipales.

Además, se propone establecer la obligación inmediata de notificación para todos los funcionarios públicos que tengan conocimiento o sospechen de cualquier caso de abuso infantil o sexual. La propuesta también incluye:

La obligación para la Secretaría de Educación Pública (SEP) de emitir protocolos de actuación para casos que se presenten o se conozcan en las escuelas.

El reporte obligatorio no solo de abusos sexuales, sino de cualquier hecho que atente contra la integridad de NNA, como accidentes.

La iniciativa ha sido turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posible dictaminación.