En Puebla los arrancones son ilegales. Así, claro, sin metáforas. Pero ahora resulta que el gobierno quiere “abrir espacios” para que los ilegales se sientan cómodos. Una pista oficial para lo prohibido. Maravilloso: la legalidad al gusto.

Con los pocos datos que hay —unos 15 clubes de pilotos aficionados, entre 150 y 300 autos correlones, accidentes, muertos— cualquiera pensaría que lo lógico es frenarlos. Pero no: aquí la solución es… ¡consentirlos!

Y entonces surge la pregunta obvia:

Si hoy se “regulan” los arrancones, ¿mañana qué sigue?

¿Un local oficial para la prostitución?

¿Un tianguis regulado de apuestas clandestinas?

¿Una ventanilla única para actividades “no tan legales pero muy populares”?

Parecería que, si una ilegalidad se vuelve noticia y garantiza simpatías y apoyos, entonces hay que legalizarla.

Porque si el criterio es: “si muchos lo hacen, el gobierno debe apoyarlo”, pues que avisen, para saber a qué ilegalidad hay que sumarse para conseguir subsidio estatal.

La ironía es que Puebla presume campañas de seguridad vial, radares, multas, movilidad moderna… pero coquetea con normalizar lo que más rompe la ley. Dos discursos, un mismo gobierno.

Si quieren velocidad, que vayan a una pista privada.

Si quieren política pública, que respeten la ley.

Lo demás se llama legalidad selectiva.

Y en esa carrera, siempre pierde la ciudadanía.

No hay duda, el clima político va a modificarse lentamente, para recibir con ánimo, algarabía y beneplácito el cercano 2027.

Es cuanto.