por Luis Enrique Sánchez Díaz

En Puebla, cada que se abre la convocatoria para la Auditoría Superior del Estado, ocurre un ritual casi religioso: los aspirantes llegan con currículums brillosos, promesas de transparencia y una fe conmovedora en que esta vez —ahora sí, de veras— el sistema busca a quien fiscalice el poder. Yo los veo y pienso: qué bonito es el autoengaño cuando se viste de traje y corbata.

Son catorce los anotados, aunque podrían ser ciento cuarenta y el guion sería el mismo. La ASE no es un órgano técnico: es un espejo empañado donde el poder se mira y dice satisfecho “seguimos siendo los mismos”. Mientras tanto, la ciudadanía espera un auditor independiente como quien espera transporte público un domingo: con esperanza, resignación y la certeza íntima de que no va a pasar.

Y, sin embargo, ahí están las listas. Los nombres. Los bloques. Las probabilidades que no siempre se dicen en público, pero que todos conocen en privado.

Porque la elección del auditor no es un concurso curricular. Es un reacomodo político. Un examen de obediencia. Una prueba de lealtad.

Y los catorce aspirantes se distribuyen en una cartografía que el sistema ya tiene dibujada desde antes de que entregaran sus carpetas.

El reacomodo real: tres bloques de poder

Bloque 1: Los perfiles con probabilidad real (o los que sí cuentan para el régimen)

Juan Carlos Moreno Valle Abdala. Ex auditor especial, ex secretario de la Función Pública, ex asesor estatal. Es, en los hechos, el perfil más cercano al gobernador. No necesita campaña: ya trae la venia. Probabilidad: alta.

Eduardo Román Cruz. Ex encargado de despacho de Auditoría Especial. Conocimiento total de la casa, relaciones internas, manejo quirúrgico del aparato. Probabilidad: media-alta.

Álvaro Sánchez Jiménez. Finalista en 2022. Técnico, discreto, sin escándalos y bien visto por todas las bancadas. El favorito para un acuerdo “equilibrado”. Probabilidad: media.

Bloque 2: Los que dependen de circunstancias políticas

Vinissa Morales Mina. ExASE con Amanda Gómez, actual directiva en SSP. Una de las dos mujeres registradas. Perfil con potencial discursivo, pero no necesariamente político. Probabilidad: media-baja.

Rafael Cepeda Morales. Exdirector jurídico de la ASE. Conoce el monstruo desde dentro, pero no tiene anclaje político firme. Probabilidad: baja-media.

Consultores externos (Germán Reyna, Bibiana González, María de Jesús Rodríguez). Currículums fuertes, poca fuerza política. Probabilidad: baja-media.

Bloque 3: Los que prácticamente no llegarán

Francisco Romero Serrano. Exauditor preso y absuelto. Jurisdiccionalmente limpio, políticamente inviable.

Gabriel Hernández Campos. Aspirante de repetición. Sin redes suficientes.

Luis Antonio Herrera Pérez (Tlaxcala). Llegó a la contienda, pero no al cálculo real.

Durán Peña y Tejeda Carvajal. Técnicos sin respaldo. No hay margen para sorpresas.

El caso Román Sánchez: el académico en la sala donde incomodan los académicos

Román Sánchez Zamora, doctor, SNI, académico, investigador en temas de fiscalización. En cualquier país que aspirara seriamente a tener un órgano de auditoría profesional, sería un contendiente sólido.

Pero aquí choca con el vicio de gremio: esa familia extensa de auditores, contadores, exdirectores, encargados de despacho y suplentes del suplente del encargado de despacho, que se heredan la institución como si fuera hacienda.

Y claro: el sistema ve llegar a un académico y no sabe si ponerlo en la terna o preguntarle qué hace ahí.

Técnicamente es el perfil más fuerte. Políticamente, el menos cómodo.

Y en esta elección la incomodidad pesa más que el mérito.

Sus posibilidades: media-baja, con espacio para subir si el Congreso necesitara un gesto de “renovación” o si el costo de elegir un operador se volviera demasiado visible.

El verdadero dilema: profesionalización o control político

Porque, al final, este proceso no se trata de los catorce aspirantes. Se trata del régimen.

Si el objetivo es alineación, Moreno Valle Abdala y Eduardo Román llevan ventaja.

Si el objetivo es imagen institucional, Román Sánchez sería la opción natural.

Si el objetivo es estabilidad interna, los técnicos de casa se acomodan como siempre.

La elección dirá algo más profundo que el nombre del ganador: qué tipo de control quiere ejercer Puebla durante los próximos siete años.

La ASE no se renueva con cada titular. Se confirma. O se redibuja ligeramente para seguir igual.

Y por eso la columna vuelve al punto de partida:

La elección del auditor no revela quién fiscalizará al estado. Revela quién se atreverá —o no— a fiscalizar al sistema que lo eligió.

Y esa sigue siendo, en Puebla, la tarea más peligrosa en un estado donde nada se mueve sin permiso.

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Semblanza del autor

Dr. Luis Enrique Sánchez Díaz es profesor-investigador de la BUAP, especialista en políticas públicas, comunicación política y gobernabilidad digital.

Analista crítico del poder subnacional y autor de columnas de investigación en Periodismo Hoy.

Ha participado en foros nacionales e internacionales sobre democracia, libertad de expresión y algoritmización de lo público.

Sitio web: luisenriquesan.blog

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