Factores determinantes en la crisis de seguridad y derechos humanos que enfrenta México se debe en gran medida a la falta de localización de personas desaparecidas y la impunidad que priva en la materia; sólo siete entidades cuentan con una ley específica en el tema.

Así lo determinó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en su investigación “Desapariciones forzadas e involuntarias. Marco legal, políticas públicas y líneas de acción”, en la que halló que las entidades con una ley específica en esta problemática son Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Querétaro.

Uno de los rasgos sobresalientes de estas leyes es que la mayoría de ellas fueron publicadas entre 2014 y 2015, es decir, varios años después de que se comenzara a presentar el nuevo patrón de desapariciones. Guerrero es la única entidad federativa que cuenta con la ley correspondientes desde 2005.

Sin embargo, el que se cuente con esta ley en Guerrero es un logro principalmente de organizaciones de la sociedad civil. A pesar del avance que representa en términos normativos, esto no ha tenido un impacto muy significativo, el ejemplo más claro se puede apreciar en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La investigación destacó el caso de la Ciudad de México, esta entidad no solo contaba con una ley previa para el Distrito Federal a la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, sino que en noviembre de 2017 publicó una nueva ley con obligaciones adicionales para las autoridades estatales en cuanto a la reparación del daño.

Señaló que si se analizan las leyes en materia de desaparición forzadas de las entidades federativas mencionadas, se observa que la mayoría de ellas tienen por objeto la prevención, inhibición y sanción de este delito, así como la reparación integral del daño.

Puntualizó, que se encuentran los casos particulares de legislaciones que contemplan otros aspectos de los derechos de las víctimas directas e indirectas de este delito como en la de Coahuila, Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, en las cuales como parte de sus objetos se hace referencia al derecho a la verdad, a la identidad, a la personalidad jurídica o a la justicia.

Además de que en la ley de Morelos se plantea que mediante dicho marco normativo se pretende erradicar la desaparición forzada en la entidad.