Luis Enrique Sánchez Fernández

La reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas no solo redefine la política hídrica nacional: en el caso de Puebla, abre la puerta a revisar, limitar o incluso revertir la concesión privada que opera el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento en la zona metropolitana. Y es aquí donde la discusión deja de ser técnica y se vuelve profundamente política.

Durante más de una década, la concesión entregada a Agua de Puebla Para Todos —antes Concesiones Integrales— ha sido el símbolo más claro de un modelo privatizador que, lejos de mejorar la calidad del servicio, profundizó las desigualdades urbanas.

La nueva Ley General de Aguas cambia el escenario de fondo. Por primera vez en décadas, el agua deja de tratarse como un bien susceptible de explotación mercantil y se reafirma jurídicamente como un derecho humano, lo que obliga al Estado a garantizar acceso, disponibilidad, continuidad, calidad y asequibilidad.

La consecuencia es evidente: toda concesión que incumpla ese estándar —como ocurre sistemáticamente en Puebla— se coloca en terreno de revisión y posible revocación.

La reforma incorpora tres elementos críticos:

1. La concesión ya no es un “derecho adquirido”. Es un permiso condicionado al cumplimiento del servicio público. Si el concesionario falla, el Estado —a través de CONAGUA— puede revisar, ajustar o cancelar.
2. Se prohíbe la transferencia entre particulares, lo que elimina el carácter especulativo que algunos operadores privados habían dado al agua.
3. Se establece un régimen más estricto de control, auditoría y transparencia, especialmente en zonas urbanas donde el servicio sea deficiente, desigual o riesgosamente intermitente.

Para Puebla, donde el servicio se sostiene sobre tandeos permanentes, fallas en saneamiento, fugas masivas y un sistema tarifario cuestionado, el mensaje es claro: la concesión no es intocable.

Las fallas documentadas: la ruta jurídica para la revocación

Los elementos que pueden sustentar una revocación son varios:

• Continuidad interrumpida: centenares de colonias reciben agua solo ciertos días o por horas, incumpliendo el estándar mínimo del derecho humano al agua.
• Cobros excesivos y opacos, contrarios al principio de asequibilidad.
• Calidad irregular, desde turbiedad hasta presión insuficiente.
• Infraestructura deteriorada, que provoca fugas, socavones y drenajes colapsados.
• Desigualdad en el servicio: zonas populares sin agua mientras zonas residenciales mantienen presión constante.

Todo esto está documentado por usuarios, colectivos ciudadanos, legisladores y reportes periodísticos desde hace más de siete años. Lo que antes era “insatisfacción ciudadana”, con la nueva ley se convierte en causal jurídica de intervención estatal.

La dimensión política: la concesión como herencia incómoda

La concesión fue firmada en un contexto político donde el discurso de modernización escondía un negocio privado de largo plazo. El contrato se blindó hasta 2044, pero fue blindado jurídicamente bajo un modelo ya en desuso: el neoliberalismo del agua.

Hoy, ese blindaje perdió fuerza. No porque el contrato haya cambiado, sino porque la ley cambió el piso. Y con ello, la carga política también.

Para el gobierno estatal, revisar la concesión es una oportunidad y un riesgo:

• Oportunidad, porque la ciudadanía lleva años exigiendo una solución.
• Riesgo, porque implica enfrentarse a un grupo económico poderoso y a una estructura contractual diseñada para ser difícil de desmontar.

Pero la nueva ley federal introduce un actor clave: la Federación. La rectoría sobre concesiones queda en manos de CONAGUA, lo que reduce el costo político estatal y abre un camino legal más sólido.

El escenario que viene: revisión, renegociación o reversión

Nadie debe esperar una cancelación inmediata. Los procesos son largos y requieren:

• Auditorías federales.
• Dictámenes técnicos de incumplimiento.
• Notificaciones y periodos de audiencia al concesionario.
• Un plan para la transición del servicio (lo más complejo).

Pero por primera vez desde que se firmó la concesión, el escenario de reversión no es un sueño ciudadano ni un acto político temerario, sino una posibilidad jurídica real, sostenida por una ley que prohíbe la mercantilización del agua y exige que el servicio público cumpla con estándares mínimos.

¿Y los poblanos?

En medio de la disputa jurídica y política, permanece lo esencial: la vida cotidiana de quienes abren la llave y no sale agua.

La nueva ley no resolverá mañana los problemas hídricos de Puebla. Pero sí coloca a la ciudadanía en un nuevo lugar: ya no como clientes de una empresa privada, sino como titulares de un derecho. Y eso —en términos jurídicos y políticos— cambia todo.

La pregunta ahora no es si la concesión puede revisarse.

La pregunta es cuándo tendrán los poblanos un servicio digno, transparente y equitativo. La ley ya dio el primer paso. Falta que el Estado y la sociedad den los siguientes.

Es cuanto.