En una alarmante radiografía de uno de los delitos que más afecta a la población, la extorsión registró más de 102 mil 800 llamadas de denuncia a la línea 089 en tan solo cinco meses, lo que equivale a un promedio de 649 llamadas cada 24 horas o una cada 2.2 minutos.

Informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante la LII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), donde además se puso en marcha un Acuerdo Nacional contra la Extorsión impulsado por el gobierno federal.

El secretario García Harfuch informó que, desde la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión el pasado 6 de julio por instrucciones de la pesidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha logrado la detención de “más de 600” personas vinculadas a este ilícito en 22 estados de la República.

Sin embargo, ante la magnitud de las denuncias, el funcionario reconoció la necesidad de un acuerdo interinstitucional para robustecer la lucha.

“Hoy presentamos ante este Consejo el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, un paso decisivo para enfrentar este delito con mayor rigor técnico y mejores instrumentos institucionales”, declaró.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al encabezar la reunión con los 32 gobernadores y el gabinete de seguridad en Palacio Nacional, estableció que la extorsión es un delito que “preocupa significativamente” a la población y a los sectores productivos.

El Acuerdo Nacional contra la extorsión contempla los siguientes puntos clave para su combate:

• Armonización Legislativa: Homologar las leyes estatales para facilitar la persecución del delito
• Especialización en Fiscalías: Creación o fortalecimiento de áreas especializadas en las fiscalías estatales
• Fortalecimiento del 089: Mejorar la operación de la línea única de denuncia 089
• Manual Nacional Unificado: Elaborar un manual que estandarice los procesos de recepción de denuncias, investigación y persecución a nivel nacional

Debe destacarse que también se aprobó como medida bloquear la señal telefónica en todos los centros penitenciarios del país para inhibir las extorsiones originadas desde el interior.

Además, debe recordarse que un aspecto central de la nueva estrategia es la reciente aprobación de una ley que convierte a la extorsión en un delito federal perseguible de oficio. Esto significa que la denuncia no recaerá únicamente en la víctima, sino que el Estado tendrá la obligación de perseguir el ilícito.

Por su parte, los gobernadores hicieron una solicitud crucial: reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales para ampliar la figura de identidad reservada de víctimas y testigos hasta la etapa de juicio oral, buscando proteger a los denunciantes y asegurar sentencias condenatorias.

La presidenta Sheinbaum concluyó que la erradicación de la extorsión es uno de los mayores retos y el objetivo es lograr una reducción significativa para finales de 2026, utilizando una estrategia basada en la atención a las causas, la cero impunidad y el registro telefónico.