Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, lanzó una advertencia a los empresarios involucrados en la construcción del Centro Integral de Servicios (CIS), señalando que podría interponer un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) si no se llega a un acuerdo para finiquitar la deuda pendiente, que calificó de “inmoral”.

En su conferencia de prensa de este lunes 15 de diciembre, el mandatario reveló su intención de “poner orden” en las finanzas del estado y resolver la controversia que, según sus cifras, mantiene una deuda activa de 4 mil 300 millones de pesos por una obra cuyo costo máximo estima en mil 500 millones.

En ese tenor el mandatario reveló que desde 2012, el Estado ha pagado 2 mil 617 millones por el inmueble.

“O nos ponemos de acuerdo o voy a interponer un recurso,” sentenció el gobernador, aclarando que su postura no es una amenaza, sino una búsqueda de justicia financiera para que el recurso se destine a áreas prioritarias como seguridad, salud y educación.

El gobernador Armenta no solo se refirió a la deuda del CIS, al que tachó de “otro monumento a la corrupción y al saqueo de Puebla”, sino que también apuntó a otro monto de 4 mil millones de pesos correspondientes a nueve contratos por obras que, aseguró, son inexistentes.

Adelantó que próximamente revelará los detalles de estos contratos y buscará acuerdos con los empresarios involucrados.

En caso de no lograr avances en estos casos, el gobernador fue enfático en que recurrirá a la SCJN o a las instancias pertinentes para solicitar la aplicación de jurisprudencias en materia de delincuencia organizada, bajo la premisa de que existió colusión entre empresarios y funcionarios para saquear al Estado.

Armenta Mier incluso afirmó que se declararía en moratoria ante estas deudas “inmorales” e “incorrectas”, sin importar las posibles consecuencias.

Habrá denuncias

En ese tenor el ex senador responsabilizó a los gobiernos del PAN y del “viejo régimen” por haber permitido el “saqueo” de las finanzas estatales. En consecuencia, instruyó a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Puebla para investigar el uso irregular de los recursos.

“Quienes firmaron esos contratos son delincuentes, porque saquear al Estado no es solo traición, es un modelo delictivo donde participan varias personas y lo tenemos que poner de ejemplo para que nadie lo vuelva a hacer,” aseveró.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a sus propios funcionarios a ser cautelosos y evitar vicios ocultos o sobrecostos en obras y compras. Advirtió que aquel funcionario de su administración que no comparta el lema de “gobernar sin robar y mentir” tiene la libertad de dejar su cargo.