Rosa Isela Sánchez Soya, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla, acudió al Congreso del Estado para entregar su informe anual de labores de manera escrita, retirándose del Pleno sin emitir pronunciamiento alguno ni someterse al escrutinio de los legisladores.

El silencio de la ombudsperson, tras posar para las fotografías entregando el documento, detonó un ríspido debate entre las fuerzas políticas, dividiendo opiniones entre quienes exigen su renuncia y quienes defienden la legalidad del acto.

Las bancadas de oposición no tardaron en calificar el actuar de Sánchez Soya como una falta de respeto al Poder Legislativo y a las víctimas.

Luana Amador Vallejo, del PAN, criticó la baja productividad de la Comisión, señalando casos específicos de omisión, como la falta de atención a una adolescente indígena por carecer de traductor y la muerte de una mujer en el sector salud.

Delfina Pozos Vergara, del PRI, calificó la entrega silenciosa como un “agravio institucional” y acusó a la mayoría parlamentaria de ser cómplice de esta omisión.

Fedhra Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, fue la más tajante al solicitar la renuncia de la titular. “Si no puede asumir el tamaño de la responsabilidad… lo más digno es que renuncie y permita que Puebla tenga un perfil comprometido”, dijo.

Como era de esperarse, desde el bloque mayoritario y sus aliados, la postura fue de respaldo y mesura, pidiendo no “politizar” el desempeño del organismo.

Norma Pimentel, del PVEM, salió en defensa de la funcionaria destacando que se ha cumplido con la ley y que la CDH ha resuelto el 80% de las 8 mil 500 quejas recibidas, lo que demuestra una alta carga de trabajo.

María Soledad Amieva, de Morena, negó cualquier complicidad y exhortó a sus compañeros a esperar la evaluación técnica del informe.

Finalmente, en breve entrevista, Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), una vez más defendió el protocolo y señaló que el reglamento faculta la entrega del informe por escrito sin obligación de réplica inmediata.

No obstante, Gaspar Ramírez marcó un contraste con la actitud del Ejecutivo: “quien dio un ejemplo de respeto y democracia es el gobernador Alejandro Armenta, quien escuchó el posicionamiento de cada bancada”..

Además, dejó abierta la posibilidad de que Sánchez Soya sea llamada a comparecer en enero si la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por Roberto Zatarain, lo considera necesario tras analizar el documento.