Con el objetivo de prevenir, detectar, investigar e inhibir prácticas contrarias a la legalidad, el gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno inició 312 expedientes de investigación por presunta responsabilidad administrativa, y por otro lado, mantiene en observación 179 procedimientos de esta índole.

De acuerdo con Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, deben combinarse acciones preventivas con la aplicación firme de la normatividad y existir elementos que acrediten responsabilidades administrativas.

Resultado de dichos procesos se impusieron las primeras 27 sanciones a personas servidoras públicas por faltas administrativas no graves, mientras que los asuntos relacionados con faltas graves se remitieron a las instancias jurisdiccionales competentes, conforme a la ley.

Estas acciones reflejan la convicción institucional de que todas las áreas de la administración pública se encuentran sujetas a revisión y de que toda persona debe asumir las consecuencias de sus actos.

El gobierno estatal recordó que actualmente operan 534 Buzones Digitales de Quejas y Denuncias en dependencias y entidades estatales donde se brindan trámites y servicios. A estos mecanismos se suma la plataforma PROintegridad, prointegridad.puebla.gob.mx, la atención presencial y la línea telefónica 22 23 03 46 00 a las extensiones 3466, 3493, 3497, 3467 y 3464, con el propósito de facilitar a la población el acceso a canales confiables para reportar irregularidades.

Más de 5 mil denuncias ciudadanas

De acuerdo con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno se han atendido 5 mil 184 señalamientos ciudadanos relacionados con posibles hechos u omisiones atribuibles a personas servidoras públicas, 810 quejas se remitieron a las autoridades competentes, con 540 asuntos concluidos y 270 en etapa de seguimiento.

Asimismo, se recibieron 214 denuncias formales, de las cuales 168 concluyeron y 46 se turnaron a las autoridades investigadoras correspondientes. Además, mil 398 personas recibieron orientación para acudir a otros entes públicos competentes. A estas acciones se suman 2 mil 006 orientaciones ciudadanas brindadas a través de la línea PROintegridad.

En materia de investigación administrativa, los expedientes se iniciaron por denuncia ciudadana, por oficio o como resultado de auditorías y revisiones permanentes. En cada caso se ordenaron diligencias para la obtención y análisis de información, la revisión documental y la toma de declaraciones, con apego a criterios técnicos y jurídicos.

Durante el ejercicio, 77 investigaciones iniciadas en este periodo concluyeron, además del cierre de 306 expedientes correspondientes a ejercicios anteriores, lo que permitió evitar rezagos en la atención de los asuntos.

Entre los casos relevantes se encuentra el expediente relacionado con el Museo Internacional del Barroco, en el cual continúan las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades que correspondan conforme al marco legal aplicable.

Cabe resaltar que para las faltas graves, los procedimientos se remitieron a la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Puebla, instancia encargada de su substanciación y resolución.

La administración estatal reitera que las denuncias ciudadanas sí cuentan, sí se investigan y sí derivan en sanciones cuando la ley así lo determina.