El gobierno de Puebla enfrenta una crisis financiera heredada tras la resolución de tres sentencias judiciales que obligan al Estado a pagar mil 100 millones de pesos por conceptos de “obras fantasma”, reveló José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, al calificar las maniobras como actos de delincuencia organizada destinados a saquear el erario.

En conferencia de prensa este martes, el funcionario detalló que la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier recibió una carga de más de 100 demandas por acuerdos no liquidados a constructoras, algunos con una antigüedad superior a los 20 años.

Del total el funcionario detalló que hay 10 casos críticos que representan un reclamo total de 3 mil 500 millones de pesos.

Los tres litigios ya sentenciados corresponden a irregularidades detectadas en los años 2013, 2015 y 2023.

El “Modus Operandi”

García Parra destacó que al investigarse se encontró con casos de exfuncionarios y empresas privadas operaban bajo un esquema sistemático para inflar la deuda pública a través de varios métodos como obras complementarias inexistentes, es decir hacían cobros por trabajos que nunca se realizaron.

También se encontraron precios inflados que multiplicaban exponencialmente los montos originales de los contratos.

Además, recordó que esos esquemas eran posibles porque además contaban con la complicidad de servidores públicos quienes avalaban los amaños.

Ante ese panorama García Parra que no solo procederán penalmente, sino también exhibirán “a las empresas y a los personajes que participaron en este robo al Estado y se llegará hasta las últimas consecuencias.

Finalmente, dijo que la Consejería Jurídica del estado ya inició procesos de negociación para intentar conciliar el pago de intereses, pues lo que se busca es lograr acuerdos que permitan liquidar los adeudos sin comprometer la operatividad de la actual administración ni los proyectos de desarrollo.