El Ejecutivo estatal envió al Congreso de Puebla una iniciativa de reforma legislativa que busca no solo aumentar las penas de prisión contra el despojo de propiedades, sino castigar con severidad a los autores intelectuales y a los funcionarios que faciliten estas prácticas.

José Luis García Parra, coordinador de Gabinete, informó que el objetivo principal es proteger a los sectores más vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad y comunidades indígenas, quienes suelen ser el blanco principal de estas redes criminales.

La reforma propone un incremento sustancial en las sanciones actuales.: el despojo pasaría de castigarse con seis años hasta los 12 años, en tanto los autores intelectuales y/o financiadores recibirán de 7 a 15 años de cárcel.

En cuanto a las multas podrán ascender hasta las 3 mil UMAS.

Además, si el despojo se realiza con fines de lucro, la pena aumentará automáticamente en una tercera parte.

Uno de los puntos más críticos de la iniciativa es el combate a la corrupción institucional. La reforma contempla agravantes específicas si en el delito participan notarios públicos de forma dolosa, o si se utilizan documentos falsos y actos simulados inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

“Tenemos que cerrarle el paso a la corrupción. Ahora está en manos de las y los diputados”, afirmó García Parra, subrayando que la intención es frenar en seco la especulación inmobiliaria y la lotificación ilegal de tierras.

Con esta medida se busca fortalecer el marco jurídico para garantizar que el patrimonio de las familias poblanas no sea arrebatado mediante engaños o abusos de autoridad, dejando ahora la decisión final en manos del Poder Legislativo.